Tras la votación realizada en el Senado de la República y con la posterior aprobación por 87 votos para llevar a cabo la reforma a la Guardia Nacional y el decreto que reforma a la Constitución Mexicana para que el presidente Andrés Manuel López Obrador pueda disponer de la Fuerza Armada mexicana en tareas de seguridad pública hasta el 2028.
El titular de Gobernación, Adán Augusto López ha encabezado una gira nacional, para entablar diálogo con los integrantes de los Congresos locales sobre la reforma que plantea que las Fuerzas Armadas apoyen en tareas de seguridad hasta marzo de 2028. Siendo anfitrión en esta ocasión, el Congreso Mexiquense y el Gobernador de la entidad, Alfredo Del Mazo Maza.
En diversos medios de comunicación se ha informado sobre la trascendencia e importancia de este diálogo, sin embargo, se han quedado fuera del debate temas e inquietudes que resultan trascendentales.
Es imprescindible iniciar el debate estableciendo que existen 2 tipos de seguridad; la llamada seguridad nacional, que se encarga de vigilar la salvaguarda de la soberanía nacional ante los potenciales riesgos de una amenaza extranjera y que tiene en el Ejército Mexicano su principal elemento para proteger a la ciudadanía mexicana ante una vulneración de la seguridad del país.
Mientras que, para la seguridad ciudadana, se crean instituciones que garanticen la paz en las acciones que realizan los individuos del país entre sí, vigilar estas actividades evita que se generen conflictos dentro de la sociedad.
En este sentido, cuando no existe una problemática que ponga en riesgo la soberanía de nuestro país y no existen conflictos en las actividades diarias de la sociedad; se encuentra una motivación y justificación para la creación de un ente intermedio como la Guardia Nacional, que tenga el propósito de promover y garantizar la paz en su quehacer diario.
Son embargo, desde el sector económico mexiquense consideramos que la presencia de las fuerzas armadas, a través de la Guardia Nacional, en las calles no debe ser el eje rector de los debates y cuestionamientos a la autoridad, ya que la situación actual lo motiva y justifica. Debemos analizar y discutir en dos vertientes; la primera es establecer si la Guardia Nacional debe recaer en un mando civil o consolidarse en el Ejército.
Más aun, debemos plantear el escenario en el que la Guardia Nacional sea colocada dentro de la estructura de la Secretaria de la Defensa Nacional, ¿el presupuesto destinado a la Secretaria de Seguridad, se enviaría a las fuerzas armadas?
Hoy, el debate debe continuar con lo que sucederá tras el 2028, ¿ya se establecieron criterios para contar con elementos tras la retirada de las fuerzas armadas a sus cuarteles? ¿con qué presupuesto se prepararán estos nuevos elementos? ¿cómo generar una institución que atienda situaciones de seguridad ciudadana?
La discusión no puede reducirse a la aprobación o rechazo a la iniciativa en los Congresos locales, debemos tener altas expectativas de lo que este nuevo organismo de seguridad supondrá en el futuro y las acciones que se deben implementar para un cambio organizado en el 2028