El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México (PJEM), Ricardo Sodi Cuellar, señaló que se ha detectado un modus operandi del delito de extorsión que afecta principalmente a pequeñas y medianas empresas, y que es perpetrado por pesudo sindicatos que amagan con estallar una presunta huelga.
El titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) señaló que esta incidencia se ha detectado en el sur de la entidad y en la región de los volcanes, y que no se descarta que se trate de bandas delincuenciales del crimen organizado, especificando que ello no se refiere exclusivamente a temas relacionados al narcotráfico.
“Estos pseudosindicalistas, que en realidad son delincuentes, andan buscando empresas, llegan, amenazan con emplazar a huelga, hay esquiroles afuera de las empresas -que no son trabajadores- bloqueando la entrada y salida, piden dinero o de lo contrario amenazan con estallar la huelga, ponen las banderas y todo eso. Los pequeños empresarios son víctimas de extorsión”.
Sodi Cuellar mencionó que no hay un monto general de extorsión, aunque puede ir desde los 20 mil hasta los 250 mil pesos. “Cualquier monto que exijan es indebido, el monto que sea, no son montos pequeños. En los casos que detectamos estaban pidiendo de 200 a 250 mil pesos por retirar las banderas de huelga e irse”.
Precisó que en los tribunales laborales se han atendido nueve casos por suplantación de sindicatos, que no procedieron por no haber acreditado representatividad como lo exige la reforma; mientras que en la vía penal, se han registrado dos casos por extorsión dos. “El Poder Judicial ha observado que se presentan más en temas relacionados a la construcción”.
El presidente del TSJEM señaló que aunque no son altas penalidades, lo importante es evitar que los empresarios sean víctimas. “Queremos prevenir que este tipo de acciones se den en las empresas del Estado de México”.
Mencionó que quienes sean víctimas de este delito deben acudir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a denunciar, o al propio Poder Judicial a través de la herramienta Operam.
Sobre los casos dijo, se lleva a cabo el proceso como cualquier delito, y que, la autoridad judicial determinará si son procesados. Mencionó que tienen medidas cautelares diversas.
“Se judicializa, se investiga porque es una extorsión. La extorsión tiene diferentes modalidades, puede ser una extorsión simple o una con violencia, las penalidades pueden llegar hasta los 40 años de prisión. Lo que queremos es no solamente ser correctivos, sino preventivos con este tipo de acciones”.
Abundó que esta información fue compartida previamente con la Secretaría del Trabajo estatal y se lleva a cabo la difusión de este modus operandi a las Asociaciones empresariales de la entidad, la Canaco, el CCEM, entre otras instancias.
Karina Villanueva