Impunidad
Las autoridades mexiquenses han claudicado en la batalla contra los moto taxis en el oriente del estado, donde se dice que el secretario del transporte pidió apoyo de la fuerza pública, pues las organizaciones detrás de esta red irregular de transporte enfrentan a los funcionarios incluso con armas largas, por lo que el problema no es menor.
Y es que los moto taxis no sólo son inseguros y desordenados, sino que son ilegales, pero aún así en muchos lugares de la entidad operan a diestra y siniestra sin que alguien les ponga un alto definitivo.
Este es uno de esos casos en los que las organizaciones consiguen cotos de poder que después es muy difícil deshacer, aún cuando puedan representar un peligro para la sociedad en general.
Lo peor de esta historia es que en el oriente esas organizaciones ya están muy empoderadas y ahora dar la batalla en su contra resulta riesgoso, pero hay otras en otros lugares del estado que están en ciernes y si no se pone remedio pronto, cuando se decidan las autoridades a aplicar la ley, se encontrarán con otro problema grave.
Es evidente que se trata de servicios que son necesarios, pues tienen usuarios, y muchos.
Sin embargo, sería mejor que en el tan prometido reordenamiento del transporte se de solución a esta necesidad, en lugar de generar otro problema
Violencia sin nombre
El gobierno federal insiste en la estrategia de apoyo social contra la violencia, igual que lo hicieron sin éxito los gobiernos anteriores.
La violencia es un pendiente de resolver que tiene mucha vigencia, no sólo con los asesinatos de los sexenios pasados, sino con los que se han sumado en este y que no son pocos.
Lo cierto es que pese a los esfuerzos del gobierno federal, aún regiones enteras del país viven en estado de terror y entre balaceras, en las que las muertes de civiles -las llamadas colaterales en el sexenio de Calderón- no se detienen.
Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, el Estado de México son los puntos sensibles de la agenda, pero no son los únicos.
Mientras tanto, seguimos arrastrando temas pendientes heredados de sexenios anteriores. Por ejemplo, está la falta de un listado a disposición del público que incluya los nombres de todos y cada uno de los miles de muertos que ha dejado esta crisis de violencia.
Es decir, se conocen los nombres de algunas de las víctimas, las de los casos más conocidos públicamente, pero no es suficiente.
A primera vista, la gran importancia es la forma inhumana de tratar a las víctimas, pues significa que no se les da la importancia que merecen, al menos no desde el punto de vista social, pues deberían ser tomadas como muertes heroicas.
Pero más allá de eso, existe una implicación tremenda en este asunto, que es el hecho de que en México se puede ser asesinado sin al menos estar incluidos en una lista oficial de víctimas, lo que lleva a que nuestra muerte no sea un asunto público ni reconocido, sin importar quien gobierne ni su origen partidista.
Esperábamos este sexenio poder hablar de un avance en este sentido, pues luego de tanto que presumió López Obrador que todo se podía resolver pero no había voluntad en los gobiernos anteriores.
Sobra decir que es de grandes alcances esta acción, aún cuando pudiera parecer un asunto menor, frente a la urgencia de detener la muerte y la violencia.
En el sentido social, hará mucho bien conocer esos nombres, pero el tiempo ha pasado y aún nada, a pesar de que la 4T le ha apostado a remover el pasado, en lugar de enfrentar los problemas del presente.
Martha González Aguilera