Abuso de autoridad en Arquidiócesis de Toluca, denuncian sacerdotes

Laura Velásquez

Abuso de autoridad, vulneración a los derechos humanos, acusaciones infundadas, suspensiones temporales prolongadas por años, sin derecho a un debido proceso, impunidad, encubrimiento, acoso, hostigamiento, maltrato psicológico, económico y otras anomalías por parte del Arzobispo de Toluca, Francisco Javier Chavolla Ramos y su círculo cercano denuncian sacerdotes de la Arquidiócesis de Toluca.

Afirmaron que Daniel Alberto Medina Pech, presidente del Consejo Interreligioso del Estado de México y -mano derecha del Arzobispo-, arma las acusaciones y los expedientes con los que presionan a los sacerdotes y luego, el propio Chavolla Ramos les informa personalmente de la situación.

Advirtieron que el Arzobispo manipula el voto de obediencia del sacerdote para someterlo a sus arbitrarias decisiones y así, el clérigo termina sumiso ante él, aunque no sea razonable ni justo lo que se le mande.

De manera inédita, sacerdotes que han solicitado proteger su nombre por temor a represalias, han enumerado los casos de abuso de poder que el titular de la Arquidiócesis de Toluca, Francisco Javier Chavolla Ramos ha ejercido durante diecisiete años y ahora está a punto de la sucesión.

Acusaron que mientras el Arzobispo despilfarra dinero en viajes en helicóptero, vacaciones anuales de mes y medio, y en nacimientos monumentales, hay quienes solo reciben cinco mil pesos de manutención al mes, con lo que no les alcanza ni para pagar sus medicinas. Además, señalan que hay sacerdotes que enfrentan procesos penales injustos, por lo que les han suspendido sus labores eclesiásticas y con ello, sus sueldos.

Testimonios recopilados por este medio, coincidieron que no se han acercado a instancias civiles, pero ante el abuso de poder, han solicitado que sus procesos sean tratados en un tribunal neutral, revisados por personas expertas en el tema y que no estén viciados, pues advirtieron que el personal asignado por la Arquidiócesis de Toluca para resolver los asuntos ya está alineado a los intereses de sus jefes.

Acusaciones sin sustento, caso uno

Hace más de un año, el sacerdote a quien denominaremos Simón, fue acusado de amenazas de muerte y de relacionarse con una mujer.

Pese a que aportó pruebas que esclarecen la situación, fueron rechazadas y en lugar de liberar el caso, le agregaron acusaciones de intimidación y amenazas.

Recordó que, la primera ocasión que lo llamaron de manera urgente ante el Arzobispo para recibir la noticia de la acusación, inmediatamente pasó su caso a Danny Omar Gutiérrez Ramos, juez de la Arquidiócesis para iniciar el proceso de juicio, sin embargo, a la fecha no hay avance, su caso está estancado y el clérigo permanece suspendido.

“Sin previo aviso, solo, sin probar motivos de la situación en la que se me imputa. Desde ahí se abre un proceso y se cesó mi labor en la parroquia, prácticamente como si fuera un delincuente, porque al final eres tratado así. No somos inmaculados o santos, no lo somos, pero aquí se ejerce desde el autoritarismo”, relató.

Profundamente angustiado, Simón relató que en su caso no hay diálogo ni escucha. Nadie se ha acercado a brindar acompañamiento espiritual, psicológico, legal, médico ni de ningún tipo de ayuda. Además, moralmente, este alejamiento de la labor sacerdotal le ha generado tristeza y frustración.

“Impera el poder más que la justicia. Hemos sido tratados sin respeto, con groserías. No es una actitud misericordiosa ni humana, eso ha pasado con varios”, dijo.

Tras la suspensión temporal, recordó que en todos estos meses ha atravesado complicaciones económicas, utilizó todos sus ahorros para sostener a sus padres y a él mismo, pero ahora ya no tiene recursos. Se supondría que la Arquidiócesis le tendría que dar una manutención que le fue retenida para el pago del seguro de gastos médicos que asciende a 35 mil pesos anuales. Ahora, trata de subsistir al trabajar con algunos de sus familiares.

Aunado a esto, los efectos emocionales son bastantes. Fue obligado a dejar sus comunidades, ahora atraviesa lapsos de ansiedad, insomnio, falta de apetito, presión alta, pese a que no padece enfermedades crónicas, la situación lo mantiene en constante crisis.

La gente, al notar su ausencia en la parroquia de la localidad en la que se desempeñaba, empezó a recolectar firmas, juntaron más de 4 mil, con las que los feligreses le mostraron su apoyo y respaldo. En quince años de ejercer la labor sacerdotal, nunca se había presentado una situación grave.

“Siempre nos ha tratado con respeto, con amabilidad y con mucha cercanía. Padre lo extrañamos”, relató un vecino.

Dadas las injusticias del caso del padre Simón, él está dispuesto a que su proceso y el de sus demás compañeros se retome en otras instancias, que se aplique el seguimiento conforme a derecho. “Yo pediría que se lleve en otras instancias, por personas que estén dispuestas a investigar, que todos estos casos sean revisados”, dijo.

29 meses suspendido, caso dos

En el segundo testimonio, el Sacerdote “Ramiro”, con más de tres décadas como clérigo, recordó que desde hace más de 29 meses se le mantiene suspendido, no hay avances en su caso y año con año se le acusa de diversos delitos.

“Soy acusado y no puedo hablar, no tengo ni la oportunidad de defenderme. Pero yo busqué mi defensa que, al no ser parte del grupo, ha parado el caso”.

Recordó que nunca se habían presentado problemas, pero sí tenía liderazgo en la comunidad, tiene una formación muy prometedora en el rubro de la familia, lo que ha afectado su labor. Señaló que Monseñor Daniel Alberto Medina Pech, presidente del Consejo Interreligioso del Estado de México, lo acusó de realizar actos amorales. Básicamente fue removido de la parroquia y ha sido perseguido. Posteriormente, lo han acusado de abuso de un menor, pero fue interrogado y no hubo delito alguno.

“Una vez en junta de decanato sacó un papel, me dijo que había delitos muy graves de los que me habían acusado que le firmara y tenía derecho a que me defendiera un abogado, ahí supe cómo actúa el Arzobispo. Pero yo no tenía ni tengo nada que esconder”, dijo.

Anomalías e injusticias

El tercer testimonio al que se denominará Sacerdote Rubén, afirmó que en estos 17 años se han sumado injusticias y casos similares, hay marcadas anomalías y graves errores en los procedimientos. Advirtió que el equipo más cercano al Arzobispo está amañado, son personas que no están preparadas ni moral ni profesionalmente para desempeñar dichos cargos, de ahí la necesidad de que haya justicia para los sacerdotes que fueron objeto de calumnias y, en su caso, castigo para los que sí han incurrido en delitos graves, hizo hincapié, en que esos sí deben ser juzgados por la ley civil y por la ley canónica, asegura.

El padre Rubén, afirmó que esta situación ha provocado la suspensión de labores en varias iglesias, pocos jóvenes interesados en el sacerdocio y los que sí, por sus ideas los han suspendido.

Comentó que hay sacerdotes que han recibido cargos pastorales en la Arquidiócesis pese a tener acusaciones graves, pero por su cercanía con el Arzobispo y el presidente del Consejo Interreligioso del Estado de México Monseñor Daniel Alberto Medina Pech se vuelven intocables, hay preferencia, no se les aplica la justicia, se limita al cambio de parroquia “se da carpetazo a la acusación como si nunca hubiera llegado”.

El sacerdote, con más de 25 años de trabajo, indicó que al igual que él, se ha encontrado con muchos padres que son excelentes líderes, pero han sido hostigados por el mismo Arzobispo y varios de sus colaboradores cercanos, hasta quedar en el anonimato, removidos, confinados en comunidades alejadas. Es decir que, si no son afines al titular de la Arquidiócesis, deben ser callados.

“Solamente se adhieren los que están afines al grupo de poder y si no, te relegan. Nos preocupa que esta misma estructura permanezca, lo que ahora la iglesia necesita es una renovación”, dijo.

Apuntó que el Arzobispo, Francisco Javier Chavolla Ramos y Monseñor Alberto Daniel Medina Pech, quien lo acompaña desde Matamoros, Tamaulipas no tienen calidad humana con sus hermanos sacerdotes, la falta de conocimiento de los casos y la nula atención ha provocado injusticias. A la par, denunció que hay un “modus operandi” por parte del máximo jerarca y sus colaboradores.

“Te presentas ante él y te dice que hay graves acusaciones, hay videos, te hackearon tu teléfono, tus redes sociales y si no te quito o si tú no renuncias, se va a hacer un escándalo. Entras en shock, pero con el paso de los años hemos visto que ninguna amenaza se ha consumado, nunca se llega a realizar”.

En su caso, el padre Rubén ha sido acosado y afirmó que el principio de presunción de inocencia se pasa por alto, de ahí es que hay intimidaciones y amenazas del mismo señor Arzobispo, estimó que la carga de trabajo que tiene Chavolla Ramos hace que no escuche al sacerdote acusado, pues en la misma oficina se le juzga y censura, sin defenderse y sale sancionado, está sentencia es inapelable.

“Te lo dice con todas sus letras, o me firmas tu renuncia, o te suspendo del ministerio o voy a proceder conforme a derecho o te voy a mandar a internar, aparentemente como una solución, pero ninguna alternativa adecuada para el sacerdote”.

Recurrencias

Los testimonios consultados, coincidieron que han notado que las dos acusaciones más recurrentes son las que los vinculan a desórdenes sexuales o la administración de los bienes económicos.

Sin embargo, en los casos en los que se acusa de abuso sexual o pederastia, el Arzobispo debe discernir y denunciar ante la autoridad pues eso marca la ley. Afirmó que esta denuncia debe llevarse con una investigación previa, con un debido proceso y que asuma su responsabilidad. Reconoció que el arzobispo tiene poder, conexiones con las autoridades y hasta encubrimiento, de ahí que haya tantos abusos e irregularidades.

Aseguró que están abiertos a debatir con el Arzobispo, jueces y delegados e incluso, el Nuncio Apostólico tiene conocimiento de todos los casos. Afirmó que poseen el soporte jurídico para demostrar las irregularidades y vicios que se han presentado con los casos, por lo que exigen que haya otra autoridad que los atienda, la petición más fuerte es que se rehúsan a que Monseñor Alberto Medina Pech tome las riendas de los casos de algún sacerdote, pues no posee la autoridad moral ni perfil para atender estos procesos.

“Tenemos todos los elementos para sostener estas declaraciones, que la verdad emerja a cada tema y queremos que se atienda a todos y cada uno de los sacerdotes procesados. Nos sentimos lastimados, ofendidos, nos sentimos dañados y pisoteados, apelamos a la Nunciatura Apostólica a que nos haga caso”.

Agregó que la Arquidiócesis de Toluca no es pobre, por lo que afirmar que está en quiebra es grave, pues mientras hay sacerdotes que no tienen ni para vivir, hay otros que hacen dispendio de recursos. De ahí, el llamado a que se realice una auditoría para saber a dónde se han direccionado los recursos que ha recibido.

Finalmente, se solicitó entrevista a la Arquidiócesis de Toluca, pero en todo este tiempo no se obtuvo respuesta a la petición.

Pendientes de resolución

Estos casos están pendientes de resolución y a la espera de una sentencia definitiva, sin embargo, exigen que el proceso continúe conforme a la ley, con justicia y se castigue a los que hayan incurrido en delitos graves.

Casos

Estiman que actualmente suman más de 20 sacerdotes en situaciones similares, pero pueden ser más, con procesos truncados o suspendidos de sus funciones temporalmente y de forma indefinida.

Expectativas

Las expectativas de la comunidad son que el nuevo Arzobispo, contrario al actual, sea la figura de un verdadero padre con la Iglesia, que sea cercano a la realidad que vive la iglesia, que viva la gente, las familias, pues esa es la imagen que se forman en el momento que se ordenan.