El abuso sexual infantil, es un delito que puede ocurrir en cualquier ámbito en el que nos encontremos, desde el escolar, de amistad, trabajo, en la calle e incluso dentro del núcleo familiar y puede ocurrir en cualquier tipo de familia.
Esta agresión atenta contra la integridad física y psicológica principalmente de nuestros menores de edad, porque basta con que suceda en una ocasión para que los afecte gravemente el resto de su vida al ocasionarles trastorno de estrés postraumático; realicen intentos suicidas; sufran trastornos de alimentación; y en su edad adulta; realicen prácticas sexuales de alto riesgo; dificultad para establecer relaciones con otras personas y se incrementan las posibilidades de que se conviertan en adultos que abusan de otros menores.
Desgraciadamente en México, cuatro de cada 10 personas que sufren abuso sexual son menores de edad, la mitad de estos delitos son cometidos en el hogar de la víctima y en el 60% de las veces, por parte de familiares o personas conocidas, hombres en casi todos los casos de acuerdo al Diagnóstico Nacional de Violencia Sexual en México, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
En nuestra entidad, este delito ha tenido trágicamente un incremento del 600% en los últimos 6 años, al pasar de 440 casos en 2015 a más de 2,800 en 2020 de acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por lo que hace unos días, presenté ante el Congreso del Estado, una iniciativa para castigar hasta con 20 años de cárcel aquellas personas que comentan el delito de abuso sexual en contra de un menor y que tengan una relación familiar o de confianza con este, además, pierdan la patria potestad en los casos en los cuales estos la ejercieran sobre su víctima, así mismo, que paguen la reparación de los daños y perjuicios ocasionados al menor, para lo cual se tendrá en cuenta el grado de afectación y el tipo de terapia que se requiera. Porque quienes han sido víctimas por parte de un miembro de la familia o conocido, sufren mayores afectaciones físicas y emocionales.
Con esta reforma, se pone en el centro de la impartición de justicia, a nuestros menores de edad en nuestra entidad mexiquense.
Porque el Estado tiene la responsabilidad de proteger en todo momento a nuestras niñas, niños y adolescentes, favorecer un entorno seguro y fortalecer su desarrollo integral.
Diputada Ingrid Schemelensky Castro, Vicecoordinadora del GPPAN de la LX Legislatura del Estado de México.
Cargando ...
