En el Estado de México se sancionará hasta con 11 años de prisión a quien, por cualquier medio, comparta imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o resguarde o difunda de materiales u objetos que formen parte de una investigación penal.
Ello después de que los diputados mexiquenses aprobaron en el pleno legislativo la “Ley Ingrid”, que refiere nueve años, pero que cuando se trate de servidores públicos serán ocho años y de mujeres y niñas 11 años.
Propuesta final
La propuesta final, íntegra, cuatro iniciativas presentadas por parte de distintos grupos parlamentarios para elevar las penas de tres a seis años de prisión a quien por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la ley, audiograbe, comercialice, comparta, difunda, exponga, envíe, fotografíe, oferte, reproduzca, transmita o videograbe, imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o parte de ellos que se encuentren bajo resguardo de una investigación penal, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que éstos presentan.
En su oportunidad la legisladora del PRD Araceli Casasola, aseveró que estas propuestas surgieron a partir de la difusión de las imágenes del cadáver de Ingrid Escamilla, víctima de feminicidio, y que llevaron a la aprobación de las reformas conocidas como “Ley Ingrid”.
Penas se incrementarán
Es importante indicar que con esta aprobación se adiciona el artículo 227 Bis al Código Penal del Estado de México y considera que, cuando se trate de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas se incrementarían hasta en una mitad, es decir hasta 9 años.
Además, se considera como agravante que elevan la pena hasta 11 años, que el delito sea cometido por una persona servidora pública integrante de cualquier institución de seguridad pública o de impartición o procuración de justicia.
Protección
Conforme al dictamen, al que dio lectura la diputada Beatriz García Villegas, esta reforma se encamina a la protección de las niñas, adolescentes y mujeres, con base en los derechos humanos, concordantes con las normas constitucionales y con el marco normativo internacional.
Adriana Carbajal