La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que, en conjunto con los 17 gobernadores morenistas, entre ellos los electos, se sumó a la propuesta de Decreto anunciado por el Presidente de México para liberar a personas en reclusión que no hayan cometido delitos graves y se encuentran detenidos por más de 10 años sin haber sido sentenciados; a personas de más de 75 años; personas de más de 65 años que padecen enfermedades crónicas; así como a quienes se compruebe haber sufrido tortura bajo el protocolo de Estambul.
“Las cárceles del país están llenas de personas injustamente retenidas por años, muchas veces por delitos menores y sin haber sido sentenciadas. Por razones humanitarias y justicia social, los gobernadores y gobernadores electos que firmamos este comunicado, nos sumamos al llamado del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, e invitamos a los gobernadores de otros estados y a los gobernadores electos a sumarse a esta decisión”, se lee en el documento.
El documento está firmado por la mandataria capitalina y por los gobernadores de Baja California, Jaime Bonilla Valdez; de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo; de Puebla, Miguel Barbosa Huerta; de Tabasco, Adán Augusto López Hernández; y de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.
También por las gobernadoras electas de Baja California, Marina del Pilar Ávila; de Campeche, Layda Sansores San Román; de Colima, Indira Vizcaíno Silva, de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda; de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros; así como por los gobernadores electos de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío; de Zacatecas, David Monreal Ávila; de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla; de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero; de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; y de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.
En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo expuso que se trabaja con la Consejería Jurídica, la subsecretaría del Sistema Penitenciario y el poder judicial para emitir un decreto y se analizarán los casos, por lo que esta semana podrían dar a conocer los casos posibles a resolver.
“Estos casos estamos trabajando con la Consejería Jurídica, hemos pedido asesoría también del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para, tanto emitir un decreto por parte del Gobierno de la Ciudad, de la Jefa de Gobierno, como para el análisis –junto con el Sistema Penitenciario y la Comisión–, de cada uno de estos casos, esta misma semana podemos dar los números y exactamente qué procedimiento se va a llevar para que las familias y las personas que están privadas de la libertad no sigan bajo esta injusticia, que consideramos”, dijo.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, indicó que la tortura es una violación a Derechos Humanos, es una grave violación a los Derechos Humanos y a solicitud de la Jefa de Gobierno, se hizo un recuento de quiénes y cuáles son los pendientes con relación a las 44 recomendaciones que ha emitido la Comisión de la ciudad en esa materia.
“De esto, arrojamos 479 víctimas de tortura, de las cuales, 49 tienen, en la propia recomendación, no nada más acreditada la tortura, sino que esta tortura puede, o no pudo, haber interferido en el proceso de las víctimas, en su proceso de investigación. Por lo tanto, está señalado el Tribunal de la Ciudad de México para poder abrir e investigar, porque los indicios que marcaba la Comisión planteaban que ahí podría haber habido un impacto sobre los sentenciados.
“De estas 49 víctimas, 40 son hombres y nueve son mujeres; están distribuidos en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en el Varonil Norte, en el Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla y en el Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan”, dijo.
Detalló que las recomendaciones incluidas: tres son del 2018; y el resto se acredita la tortura entre el periodo del 2003 al 2015.
“Adicionalmente de estas, restarían 280, que se tendrían que investigar –y en eso vamos a hacer un proceso de depuración en la Comisión–, para ver en qué casos ya están fuera de prisión, en qué casos se acredita o no que haya una investigación mayor para ver si estos casos de tortura rebasan y tocan cuestiones que tengan que ver con el proceso, y no nada más como la tortura como medio de control y castigo”, comentó.
Asimismo, la Ombudsperson capitalina expuso que hay 150 casos que están reportados como por tortura en otros contextos y que no estarían incluidos.
“Tenemos un caso de una persona –varón, en el Oriente–, que tiene 21 años en prisión preventiva, que no tiene todavía resolución judicial y que también sería uno de los casos proporcionados para su investigación y su reparación”, destacó.
Emmanuel Hernández
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