El Consejo Nacional de Seguridad trabaja en la implementación del Nuevo Modelo de Policía y Justicia Cívica en todo el país, para ampliar la participación y colaboración entre las policías municipales, la sociedad organizada y los sistemas de rendición de cuentas, señaló Gilberto Sauza Martínez, integrante ciudadano del organismo de Seguridad.
Explicó que dicho modelo considera la socialización del modelo de policía, la creación de una dependencia municipal encargada de la investigación de los delitos; la capacitación de policías con apoyo de las Fiscalías Estatales o la Fiscalía General de la República; la asignación de salarios dignos, acordes al costo de vida por cada región; así como un esquema de “jueces cívicos” para atender ilícitos menores en los municipios, lo que abonará a disminuir la carga laboral en las Fiscalías.
Municipios prioritarios
El consejero nacional de Seguridad, precisó que en el caso de la entidad se está privilegiando a aquellos municipios que forman parte de las 50 ciudades prioritarias de atención a nivel nacional, es decir, aquellas que tienen un índice más elevado en la comisión de delitos, particularmente de homicidios. En territorio mexiquense son Tultitlán, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Ecatepec y Naucalpan.
“Es un esquema que permite una vinculación directa y efectiva de la sociedad civil con los cuerpos policiacos, para acelerar los procesos de investigación y eficientar los recursos, lo que gradualmente también se traducirá en una reducción los índices de inseguridad y delincuencia”.
Certificación
Aunado a lo anterior, Gilberto Sauza indicó que a la par se debe avanzar en la Certificación Única Policial, que evalúa los exámenes de control de confianza y de capacitación para cada uno de los elementos dentro de las policías locales.
Enfatizó que, aunque se estableció privilegiar 50 ciudades para avanzar paulatinamente, a fin de reducir los delitos de alto impacto en el país, el objetivo es ampliarlo al total de los municipios, para que cuenten con un modelo real de proximidad, liderazgo social y disminución de delitos.
Infraestructura
Sauza Martínez señaló que en el caso del Estado de México es necesaria infraestructura para su operación, como oficinas para el personal del Juzgado Cívico, salas de audiencias públicas, espacios para la atención al público, áreas para realizar las evaluaciones médica y psicosocial, puntos de registro y resguardo de pertenencias, celdas, y salas de mediación.
