El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez, alertó sobre un nuevo modus operandi de integrantes de la delincuencia organizada en la entidad, específicamente en municipios de la zona sur, quienes dijo, cometen el delito de extorsión.
El fiscal de justicia señaló que dicho delito ha llegado no solo a controlar los precios de alimentos, productos, materias primas y materiales de construcción, sino que han detectado que dichos grupos delincuenciales ya realizan un “censo de migrantes” para pedir una cuota a sus familiares.
Crimen organizado
Cervantes Martínez reconoció que en la región sur de la entidad hay diversos sectores que son víctimas del crimen organizado.
Dijo que los empresarios, comerciantes y otros sectores afectados han tenido que implementar una contabilidad paralela, es decir, su contabilidad tradicional, y por otra parte, un incremento porcentual en determinados productos como el huevo, el aguacate, el pollo, y hasta herramientas.
“Ellos cobran inclusive los materiales de construcción como la arena, hasta el transporte de la misma”.
Abundó que en dicha región la ciudadanía tiene que comprar el material de construcción de ellos mismos en los centros de distribución que la delincuencia organizada establece. “Si no, van y “levantan” al maestro de obra, o se llevan a los trabajadores si bien les va”, señaló.
Cabe referir que dicha problemática había sido denunciada previamente por cámaras y organizaciones empresariales como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), y el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEM).
Migrantes
Cervantes Martinez alertó que, ahora el crimen organizado está haciendo un censo de migrantes que se han ido a Estados Unidos y que tienen familia en dicha zona del Estado de México.
Cambios en la ley
El titular de la Fiscalía de Justicia afirmó que dicha Institución no está cruzada de brazos, ejemplo de ello detalló que se propuso modificar el artículo 199 del el Código Penal para enfrentar la injerencia del crimen organizado en la economía y el consumo.
“Cuando extorsionan, las víctimas no quieren denunciar porque tienen la idea de que la autoridad no hace nada y no se quieren arriesgar por temor a represalias, y ello lleva, por ejemplo, a los panaderos a comprar manteca en el mismo lugar donde compran el aceite vegetal porque si no lo compran les pasa algo”.
Con esta modificación a la ley, dijo que se va actuar de oficio, sin molestar a las víctimas y así se va a detectar el acaparamiento y la subida de precios cuando haya subidas sin motivo alguno.
Es decir, detectar la distorsión en el mercado y los monopolios a través de un dictamen técnico de la Secretaría de Economía.
“Esperamos que esta iniciativa sea aprobada pronto. De concretarse, seremos el primer estado de la República con dientes que nos permitan hacer frente a la extorsión en el sur”.
Finalmente, detalló que con esta nueva ley habrá penas de 5 a 6 años de cárcel y de 6 a 15 cuando quienes extorsionen de esta forma se ostenten como grupo criminal.
Frase
“Ahora ya les quieren cobrar por migrantes cantidades estratosféricas, no voy a decir cuánto porque no voy hacer apología de estos señores”
Karina Villanueva