El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso local propuso reformas al Código Civil del Estado de México para que cuando una persona de 60 años o más decida donar sus bienes, la escritura pública o contrato de donación contenga una cláusula de usufructo vitalicio sobre el bien o bienes donados, para que pueda permanecer en el inmueble hasta su muerte y quede a salvo del despojo y abandono.
En la iniciativa leída por la diputada Iveth Bernal Casique, se precisa que “los adultos mayores seguirán disfrutando del bien que dieron en donación, aunque ya no sean los propietarios, lo que los protegerá jurídicamente, en caso de que alguno de los donatarios quisiera desalojarlos”.
La legisladora expuso que los adultos mayores son parte fundamental de la sociedad y que factores como la falta de independencia económica, el padecimiento de enfermedades, la discriminación social, así como la baja autoestima, el maltrato físico y psicológico los coloca en estado de vulnerabilidad.
Dio a conocer que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada 6 personas mayores de 60 años sufrió algún tipo de abuso en entornos comunitarios y que el abuso más frecuente es el despojo de sus bienes por parte de familiares.
“Garantizar una vejez digna, es uno de los grandes retos que tenemos como sociedad”.
Indicó también, que para evitar cargas onerosas derivadas de la realización de testamentos o contratos de compra-venta, los adultos mayores optan por la realización de contratos de donación en favor de sus familiares; sin embargo, dijo “este tipo de contratos pueden ubicar en estado de indefensión a los donantes, pues los donatarios pueden actuar de mala fe, despojando de los bienes a los adultos mayores, echándolos del lugar donde habitan y dejándolos en abandono”.
Por lo anterior resaltó que es necesario fortalecer el andamiaje jurídico en materia de protección a adultos mayores.
Bernal Casique señaló que el estado de Tamaulipas ya contempla en su legislación el usufructo vitalicio, mientras que en las legislaturas de los estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí y Tlaxcala, ya ingresaron la propuesta.
La iniciativa por la que se adiciona un segundo párrafo al artículo 7.622 del Código Civil, se remitió a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y dictamen.
