Dicen los que saben de política, parafraseando a Nicolás Maquiavelo, que el fin justifica los medios y justamente eso estamos viendo en el contexto nacional y en el estatal de cara a los procesos electorales de 2023 y 2024.
En lo nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el principio de su administración dejó en claro su intención de cambiar el orden social, el orden político y el económico, partiendo de un nuevo orden constitucional que sería construido en la segunda mitad de su administración y donde según sus cálculos políticos, su respaldo en las elecciones federales intermedias de 2021, sería aplastante y le daría el margen para, con sus aliados políticos, llevar a cabo las reformas jurídicas y constitucionales que dieran paso al conjunto de leyes necesarias para consolidar su llamada cuarta transformación.
Sin embargo, la realidad social y política cambió el humor social en torno a su liderazgo y fue suficiente para perder el control hegemónico de la Cámara de Diputados hace casi dos años, la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México, un importante número de municipios del Estado de México y el control de la mayoría de Morena y aliados en el Congreso mexiquense.
Ante esas circunstancias el presidente no solamente manifestó reiteradamente su enojo con las clases medias después de la elección intermedia sino que generó ante la Consejería Jurídica de la presidencia de la república la iniciativa para reformar diversos artículos constitucionales que pretendieron cambiar la estructura organizacional del Instituto Nacional Electoral con el pretexto de bajar los salarios de los consejeros electorales, ante la negativa del bloque opositor en el Senado de la República, el presidente presentó su Plan B con la intención de cambiar diversos artículos de varias leyes que tenían como intención que el gobierno federal asumiera el control del órgano electoral, el despido de un elevado número de funcionarias y funcionarios de la institución en todo el país y unificar las áreas de organización con capacitación.
Todo ello fue rechazado por ciudadanos, académicos e intelectuales en dos sendas marchas que tuvieron una participación social como nunca se había visto en México para defender al INE y la segunda, en específico para hacer un llamado a los integrantes del Poder Judicial de la Federación y dar cauce a las múltiples controversias constitucionales que el INE, partidos políticos y organizaciones ciudadanas interpusieron en la Corte para evitar el desmembramiento de la institución de mayor reconocimiento del país.
Afortunadamente, el pasado viernes el ministro Javier Laynez Potisek admitió a trámite la controversia constitucional impuesta por el INE respecto de todos los artículos impugnados del Plan B aprobadas por el congreso de mayoría morenista y otorgó una suspensión para que no entre en vigor lo aprobado por esos legisladores y esperar una decisión final del Pleno de la Corte.
Ante ello el INE podrá seguir operando con la estructura que actualmente la Constitución le otorga con lo que podría ser factible que las próximas elecciones se realicen sin cambios a la anterior elección presidencial.
Esta resolución da certidumbre al INE, da certidumbre a su personal y a los actores políticos sobre las reglas que deben utilizarse en las elecciones de 2024 para garantizar elecciones eficientes y confiables en el resultado. La serie de reformas solamente daba en las múltiples interpretaciones de expertos en materia electoral, certidumbre al partido en el poder y al gobierno.
La respuesta no se hizo esperar por parte del presidente: “No quieren (los ministros) que haya democracia, porque ellos son partidarios de la oligarquía, no de la democracia…porque ellos tienen como Dios al dinero, su único Dios es el dinero.”
Pero el verdadero fondo es el argumento del ministro Laynez: “El decreto reclamado produce una modificación sustancial en la organización, estructura y funcionamiento del propio órgano, al grado que es posible que se pueda comprometer su regular funcionamiento en los términos que venía operando. De no concederse la suspensión, el instituto quedaría afecto a la aplicación del nuevo esquema orgánico dispuesto por el legislador, con las consecuentes adecuaciones presupuestarias, lo cual traería como consecuencia la desaparición de plazas y la remoción de diversos servidores públicos y, por tanto, la necesaria afectación irreversible a la capacidad del instituto para cumplir las funciones constitucionales que tiene encomendadas frente a la ciudadanía”.
La preocupación del presidente es manifiesta, los medios se le están acabando y el objetivo se torna más difícil, las condiciones para organizar las elecciones del 2024 no son las que él esperaba. Se dice que la elección de Coahuila no será ganada por Morena y aunque la candidata del presidente lleva la ventaja, será una elección muy reñida para la coalición “Vamos por el Estado de México” y su candidata, Alejandra Del Moral Vela.
El diseño de la estructura de campaña y la motivación a los militantes habrá de dar un crecimiento mayor de su figura y un cambio con certidumbre. De ganar la Alianza opositora, las condiciones para el presidente y su movimiento, habrán de sufrir nuevos cambios y muy probablemente, mayores preocupaciones para la cuarta transformación.
Por Alfredo Martínez