El presidente López Obrador ha anunciado que al rendir su sexto informe de gobierno habrá de proponer al Congreso de la Unión una reforma constitucional para que sea el “pueblo” el que elija de manera directa a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la anulación de la primera parte del llamado plan B.
En los días previos, el presidente de la república anticipó que si los ministros echaban abajo su reforma, sería porque la Corte es “la gran alcahueta del bloque conservador”.
La presión anticipada a los ministros del pasado fin de semana y la abierta amenaza a cambiar el funcionamiento del poder judicial, por parte de Andrés Manuel López Obrador será motivo de una presión sin precedente para la Corte y para sus integrantes. Sin embargo, tal y como vimos el pasado lunes, los ministros habrán de dar con toda seguridad, la misma votación al resto de las reformas de ley que el Congreso mayoritariamente morenista, votó para cambiar las reglas del proceso electoral federal de 2024.
No solamente les asiste la razón jurídica al señalar que el procedimiento legislativo no fue el constitucionalmente válido, como lo han venido señalando jurisconsultos en las últimas horas, sino que, aun analizando las leyes pretendidamente aplicables e impugnadas por el bloque opositor, el contenido de las reformas será también considerado como anticonstitucional por los ministros de la Corte.
La intención es clara: es evidente que la estrategia de los asesores extranjeros del presidente que piensa ser un demócrata, pasa por la descalificación del árbitro electoral, los órganos autónomos y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hacerlo así les va a permitir señalar a quienes forman parte de este Poder y sirven en esas instituciones, a ser señalados como defensores de intereses particulares y lejanos al pueblo. La realidad es que la observación a la Ley, elecciones limpias e inatacables y la rendición de cuentas, son las peores resistencias que los dogmáticos defensores de la fracasada transformación pueden tener frente a su mal llamado movimiento nacional.
La llamada presidencial a contar con el voto mayoritario de la población en edad de votar para la elección de 2024 para elegir a dos tercera partes del congreso en apoyo a su partido o sus aliados para no encontrar resistencias opositoras en número y en argumentos, dibuja de cuerpo entero a un grupo de supuestos luchadores sociales que no buscan el dialogo como herramienta de construcción, sino a la fuerza como argumento. Olvidan hoy que las practicas que antes criticaron y de las cuales dicen haber sido víctimas en la izquierda histórica para algunos, hoy es el pregón permanente de una democracia mexicana hecha únicamente a su conveniencia y a sus deseos de darle gusto al caudillo, pero también de beneficiarse económicamente de las mieles del poder político sin adversarios.
Ante ese llamado desde su instrumento de gobierno matutino, él se está colocando en lo que más le gusta y lo mejor sabe hacer: jefe de la campaña. No sólo de su candidato, o candidata, sino para ganar el congreso de la Unión para borrar de la Constitución a una serie de instituciones que le estorban en su modelo de país, ello es contrario a la lógica democrática y me parece que se le va a revertir su llamado, porque cualquier ciudadano podrá anticipar que lo que se anticipa no depara para nadie ningún beneficio porque atenta contra la libertad de cada una de las personas que estamos ejerciendo en la democracia.
No tengo duda que los ministros de la SCJN van en recibir en los próximos meses masivos respaldos de multitudes ciudadanas que además de cubrir las calles si se organizan nuevamente, van a convertirse en votos inamovibles contra morena y cualquier fuerza política que ose asociarse electoralmente a ellos.
Ante ello, más les vale a los morenistas entender que la democracia no se construye únicamente con las mayorías, la democracia se constituye y se construye también por las minorías, en donde existen leyes claras, aceptadas por todos y cuyos vigilantes y defensores son los ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Por Alfredo Martínez