Aumentar las penas no inhibe al delito
La construcción de una política criminal integral, ha sido un tema pendiente para la federación y para la mayoría de los estados. Debemos ocuparnos en construir un sistema que vincule a todas las instituciones de procuración y administración de justicia, con la prevención y persecución policial del delito y la administración penitenciaria. Debe ser un esfuerzo nacional, con fuerte impulso local. La construcción del modelo debe partir de las entidades federativas y fijar las políticas públicas regionales que favorezcan la coordinación con la federación. Hasta ahora solamente se percibe que para combatir al delito, se recurre a la práctica simplista de aumentar las penas para los delitos de mayor incidencia. En efecto, cuando aumentan los índices del robo con violencia, se incrementa su penalidad. El resultado se manifiesta en la saturación de los reclusorios. Delincuentes menores se mezclan por largos períodos de tiempos con otros de mayor peligrosidad. Al recobrar su libertad, carecen de oportunidades y reinciden en la delincuencia.
Pero ahora, sabedores de que la condena que les espera será larga, incrementan la violencia al momento de delinquir. Los hechos delictuosos son cada vez más violentos. Las amenazas a los testigos se incrementan. Ahora son frecuentes las sentencias absolutorias, ya que los denunciantes, víctimas y ofendido prefieren no presentarse a juicio a sostener los señalamientos contra sus victimarios. La reacción de la opinión pública se encamina a considerar que el modelo de justicia penal acusatorio es ineficiente; no sirve a los ojos de quienes recientes los efectos de la delincuencia desbordada. El círculo vicioso resultante, se alimenta de una ciudadanía escéptica y desconfiada, una delincuencia que sabe que la impunidad y la ineficacia policial le favorecen y con un modelo de justicia que pierde credibilidad y respeto. La conclusión es demoledora, sobre todo para quienes participamos activamente en la administración y procuración de justicia y lo hacemos con entrega y dedicación. Los resultados están lejos de ser alentadores. Pero entonces, ¿cuál es la solución? Mi propuesta consiste en privilegiar la coordinación institucional, con el apoyo de la tecnología. El primer paso será revisar los códigos penales y corregir sus deficiencias.
Tamizarlos con base en la jurisprudencia nacional e internacional, para modernizarlos. Los poderes legislativo y judicial deben trabajar armónicamente en ello. Los primeros cuentan con el apoyo popular que los sensibiliza y los segundos conocen la realidad delincuencial, que los ubica. Se ha dicho que los políticos no fundamentan ni motivan y que los jueces no contextualizan. Por ello, unamos esfuerzo, trabajemos juntos por el bien de nuestro querido estado de México.
Ricardo Alfredo Sodi Cuellar
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia
Del Estado de México
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