Las fantas�as del sistema de fiscalizaci�n electoral en M�xico
Las elecciones como parte del proceso electoral democr�tico en nuestro pa�s, tiene base entre otros principios en el de �equidad�. El cual conlleva a que los actores pol�ticos como partidos y candidatos independientes est�n en un plano de igualdad.
Esto conlleva a que todos tengan las mismas oportunidades de difundir su programa o plataforma pol�tica, llevar a cabo asambleas o m�tines bajo las mismas condiciones.
Uno de los elementos b�sicos que permiten llevar a cabo estas actividades es precisamente los recursos financieros. De esta manera uno de los principios que rigen nuestros procesos electorales es la equidad en cuanto a los recursos financieros que cuentan los actores pol�ticos. Que uno no tenga mas que otro y as� esta circunstancia no sea motivo de un mejor desempe�o en difusi�n o campa�a que traiga por efecto el triunfo electoral basado en esta superioridad financiera.
Bajo esta idea se ha construido en M�xico el sistema de financiamiento de los aspirantes a partidos, partidos ya con registro y candidatos independientes.
El Instituto Nacional Electoral como �rgano encargado de organizar los procesos electorales y la actividad de los partidos, precisamente en este tema relacionado con el �financiamiento� electoral, tiene la facultad de revisar la fuente u origen de los recursos, el monto de los mismos, as� como su destino y aplicaci�n, a efecto de verificar que no se utilicen en nuestros procesos electorales recursos il�citos ni se rompa con el referido principio de equidad financiera de los actores pol�ticos.
Los puntos clave en este sistema de financiamiento electoral en M�xico son; la estructura mixta de financiamiento, lo que significa que los partidos pol�ticos reciben recursos p�blicos, pero tambi�n pueden recibir financiamiento privado por dos v�as, aportaciones de militantes y simpatizantes o autofinanciamiento a trav�s de fondos o fideicomisos.
Adem�s, el Instituto Nacional Electoral lleva a cabo la funci�n de fiscalizaci�n de estos recursos, buscando con ello que no se rompa el orden en el origen y aplicaciones de los mismos y que bajo el criterio de equidad no se rompan los topes que se establecen al respecto.
En esta actividad de fiscalizaci�n bajo el criterio de conocimiento cierto del origen de los recursos se exige que las operaciones se lleven a cabo mediante el sistema bancario mexicano esto con la finalidad de dar el debido seguimiento de los recursos y las personas que intervienen en las operaciones.
Existen actividades que son prohibidas en este financiamiento electoral, como es recibir financiamiento de alguno de los poderes, dependencias publicas, iglesias, organizaciones civiles, personas morales, ni de personas no identificadas.
Precisamente este aspecto de fiscalizaci�n tuvo los pasados d�as un impacto de trascendencia en la vida democr�tica del pa�s. Como sabemos el pasado viernes cinco de septiembre se llev� a cabo la sesi�n del pleno del Consejo del Instituto Federal Electoral en el cual entre otras cosas se aprobaron o no los registros de nuevos partidos pol�ticos nacionales.
La raz�n por la cual algunas organizaciones civiles no fueron aprobados como nuevos partidos pol�ticos fue en concreto problemas con la fiscalizaci�n de sus recursos.
Las organizaciones que pretender constituirse como partido pol�tico no reciben recursos p�blicos, en realidad la �nica fuente de financiamiento es privado. As� que, el problema que presentaron fue relacionado al desconocimiento del origen de los recursos.
El argumento central para esta negativa de registro fue, que las organizaciones que aspiraban a constituirse en partido pol�tico no presentaron evidencia que demostrara como es que los particulares que aportaron los recursos hab�an obtenido los mismos. Esta fue una decisi�n err�nea.
En realidad, estos entes act�an y reciben recursos bajo un criterio de �buena fe� lo que significa que no tienen la obligaci�n de recabar informaci�n sobre el origen de os recursos que le son aportados por particulares, y �nicamente deben tener la evidencia sobre la identidad de la persona, su identificaci�n cierta y su cuenta bancaria. Esto podr�amos traducirlo en un �compliance electoral� el cual tiene ciertos limites, limites que adem�s son coherentes con la actividad de un ente privado que no tiene acceso a �facultades de comprobaci�n� fiscal electoral que por el contrario si tiene el Instituto Nacional Electoral.
Es decir, no pueden trasladarse estas facultades a estos organizamos privados, como serian auditorias, verificaciones, inspecciones, acceso a cuentas bancarias, as� como confirmaci�n con terceros como la Secretar�a de Hacienda y Cr�dito P�blico, la Comisi�n Nacional Bancaria y de Valores, la Unidad de Inteligencia Financiera entre otras, para erecto de verificar recursos de procedencia il�cita.
Si existieron dudas sobre la procedencia de los recursos que estas organizaciones que aspiran a convertirse en partidos pol�ticos usaron para realizar sus actividades, fue un problema asequible al sistema de fiscalizaci�n del Instituto Nacional Electoral y no as� a dichos entes civiles.
En realidad, existe una deficiente actividad fiscalizadora del m�ximo organismo electoral en M�xico, que pretende cargar una obligaci�n institucional a entidades civiles lo cual no solo rompe con el criterio de equidad financiera sino que impacta en el derecho de asociaci�n, libertad de adherencia pol�tica y ser votado, que son fundamentales para nuestra democracia.
Dr. Octavio Mart�nez Camacho
Abogado Penalista Socio del Despacho HMSC.