¿Por qué no cumplimos con la ley?
La anterior, es una de las preguntas que seguramente todos alguna vez nos hemos hecho, esto bajo experiencias cotidianas de incumplimiento a la ley, como lo es pasarse el alto del semáforo, tirar la basura en lugares prohibidos o no pagar impuestos, por ejemplo.
Podríamos señalar un sin número de casos más sofisticados de incumplimiento a la ley, pero al final considero el origen es el mismo, simple y sencillamente no nos gusta cumplir con las leyes.
Pero, ¿Por qué no cumplimos con la ley?
Previo a responder esta cuestión, es necesario contextualizar la problemática, para lo cual debo comenzar diciendo que en nuestro país existe una amplia gama de cuerpos legislativos, entre leyes, códigos, reglamentos, circulares, etc., tanto federales, locales y municipales, lo que nos habla de la complejidad normativa y “un exceso de leyes”.
Esto conforma una estructura normativa “compleja”, no sólo por el número de normas vigentes, sino también por el lenguaje con el que comúnmente se encuentran redactadas, algunas veces “confusas”, lo cual, en la mayoría de los casos hace necesario contar con los servicios de un abogado para su interpretación.
Además del problema del lenguaje técnico y muchas veces confuso, nuestras leyes cada vez tienen menos “contraste social” o son “socialmente irrealizables”, por lo tanto, su aplicación es nula dado su imposible cumplimiento, de ahí que representen meras declaraciones programáticas o literarias de buenos deseos e intenciones, pero incumplen con los elementos esenciales, como son el que sean “conocidas” y que “puedan ser realizadas”.
¿Todos conocemos nuestra Constitución Política? ¿Alguna vez la hemos leído completa? ¿En nuestro país todo mundo tiene la posibilidad de conocerla? Solo como dato ante estas ominosas preguntas, debo decirles que fue hasta el 2010 que por vez primera se tradujo a la lengua náhuatl nuestra Constitución, es decir pasaron casi 100 años para que cerca de dos millones de personas que hablan esta lengua, tuvieran acceso al documento jurídico más importante de nuestra República en su lengua natural.
A esto le sumamos que existen en México normas que no se encuentran acordes a las propias características de la idiosincrasia del mexicano, de su territorio, de sus costumbres, cultura, educación y por tanto, resultan “disfuncionales” en un sistema social como el nuestro. Esta es la razón por la que un gran número de ciudadanos no fundamenta ya su bienestar en el ordenamiento jurídico, es decir, sienten “desconfianza” ante éste.
De ahí que, en la actualidad, las normas han sido incapaces de orientar las conductas de todos los ciudadanos al estar éstos cada vez más menos “motivados” por la norma, por tanto, otros muchos ciudadanos han perdido la “confianza” en las leyes como garantes de sus expectativas vulneradas.
Asimismo, muchos mexicanos se sienten cada vez menos identificados con sus leyes, pues en ellas no ven “reflejadas” sus necesidades e intereses, y por el contrario, perciben que estas leyes los afectan de forma ilegítima, de ahí que no alcancen el “consenso de la población”.
Hablar del cumplimiento de la ley, es abandonar la vieja creencia de que solo porque se expide una norma ha de cumplirse. También es dejar atrás la falsa premisa de que la ignorancia de la ley no exime su cumplimiento, ¿enserio? No parece razonable exigirle a alguien que cumpla con la ley que ni siquiera conoce, que no entiende, es más que ni en su lengua se encuentra. Gracias a estas falacias es que hoy nos encontramos en un mundo de leyes, pero que no se cumplen, que no motivan al ciudadano y que carecen muchas de ellas de sentido.
No solo se trata de endurecer las consecuencias en caso de incumplimiento a la ley, ya vimos que ese remedio no funciona, se trata de generar leyes que garantices mayor aceptación, entendimiento y cumplimiento.
¿Cómo generar leyes más atractivas para el ciudadano?
De entrada, nuestras normas deben dejar de ser “meros postulados”, con independencia de que éstos sean más o menos convincentes, o plausibles, que no orienten o que, tal vez, algún día puedan hacerlo, por lo que se requieren estructuras normativas “reales” que orienten “aquí y ahora” a nuestra actual realidad económica, cultural, política etc., ya que postular un derecho y tener realmente un derecho no es lo mismo.
De nada sirve un postulado que se encuentre perfectamente fundamentado, si éste no es realizable, de ahí que las leyes deben estar acordes a las realidades de nuestro país, y que sean realizables en cuanto a los sujetos destinatarios, así como el propio objeto de las mismas y que, por tanto, sean “funcionales” dentro de nuestro sistema social.
También necesitamos que las leyes sean “atractivas”, que nosotros como destinatarios nos sintamos “motivados” para cumplirlas, tanto cuanto mayor sea la identificación de los intereses de los ciudadanos con las leyes, mayor será su cumplimiento.
Y, ¿por qué no?, mientras mayor “ganancia” le represente al individuo conducirse conforme a la norma, mayor será la motivación de éste para con aquélla. Dicho de otra forma,
De manera similar, es necesaria una mejora en la “técnica legislativa”, entendida ésta como la claridad de redacción de las normas, su lenguaje, estructura lógica, inserción armónica dentro del propio sistema legal, con lo cual, el legislador pueda elaborar unas normas legales con un lenguaje más accesible, sencillo y de fácil comprensión.
Urgiendo drásticamente la “difusión” mediante la implementación de una “cultura de la legalidad” y “cultura de la justicia”, para lo cual debe posibilitarse el acceso al mayor número de personas, no sólo a través de la educación formal, sino también informal como los medios de comunicación.
Dr. Octavio Martínez Camacho
Abogado Penalista Socio del Despacho HMSC.
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