Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que emitiría un decreto por el cual, quedarían en libertad las personas que actualmente se encuentran en alguna prisión federal, que por ejemplo tuvieran 75 años de edad, o que llevaran más de 10 años en prisión preventiva sin que se hubiera dictado la sentencia correspondiente, o aquellos que hubiesen sido torturados.
También incluyó a los presos mayores de 65 años que padecieran alguna enfermedad crónica, pero cuyo delito no hubiese sido grave, los cuales podrían llevar su proceso respectivo en libertad.
A lo que también añadió, que la liberación de todas estas personas no sería más allá del 15 de septiembre de este año.
Este mensaje no debe ser visto solo desde la mirada del número de personas en prisión que puedan verse beneficiadas.
En realidad, me parece que el presidente pone nuevamente en la agenda nacional el debate respecto de un tema al que nadie le quiere entrar, las cárceles y sus presos.
Desde el 2008 hubo una gran reforma a nuestra Constitución, que tuvo por objetivo cambiar de tajo el sistema penal desde su perspectiva procesal así como el sistema penitenciario.
De hecho, el cambio de paradigma en el tema relacionado con el modelo penitenciario y la prisión, fue transitar de la llamada “readaptación social” a la “reinserción social”, como punto más destacado de esta reforma en materia de seguridad pública y justicia penal.
Bajo este esquema, la prisión representaría el medio para que las personas privadas de su libertad lograran reincorporarse a la sociedad bajo un modelo de educación, deporte, salud y trabajo.
La realidad es que, a 13 años de esta reforma, la prisión sigue siendo vista como el remedio a todo mal social porque castiga bien.
Y las personas que son sometidas a ella, lejos de acceder a un aparato que le pueda brindar la oportunidad de reencontrar una vida plena en sociedad, solo padecen de abusos, tratos inhumanos, crueles y sufrimiento.
Así que, cuando escuchamos al presidente de México decir que hay un gran número de personas en prisión, que aunque usted no lo crea, llevan años, es más algunos décadas, sin que se les dicte en sus respectivos procesos una sentencia debida, esta siendo realista.
O que por otro lado, hay un gran número de adultos mayores enfermos, por delitos que no son aquellos que como sociedad hemos decidido castigar con mayor severidad.
Las cárceles y prisiones siguen abarrotadas, llenas y sobrepobladas, sin que sus internos tengan la mínima posibilidad de un internamiento digno, donde puedan estudiar, practicar algún deporte o trabajar.
La reinserción social así como la readaptación social sigue siendo un sueño, en un país cuyo sistema de justicia penal sigue considerando a la prisión como un castigo puro y neto, donde sus internos -delincuentes presuntos o no-, son lo peor de la sociedad. Una sociedad que busca excluirlos y olvidarse de ellos.
Considero que Andrés Manuel López Obrador, abre a puerta a la necesaria humanización de la prisión, reconociendo la tardanza y demora de los procesos judiciales, la estadía de personas mayores enfermas y en general, la urgente atención que las cárceles requieren.
Dr. Octavio Martínez Camacho
Abogado Penalista Socio del Despacho HMSC.
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