En México, está establecido que todos los mexicanos y todas las mexicanas deben de contribuir en el gasto social que el país tiene, y a partir de las aportaciones realizadas por los ciudadanos establecidos fiscalmente en el país, el estado deberá de atender los satisfactores demandados por la sociedad.
Sin embargo, también se ha establecido que las aportaciones deben de ser equitativas de acuerdo a los ingresos percibidos, de lo contrario, se pueden presentar actos de desestabilización dentro de la sociedad. Todas las contribuciones realizadas por los mexicanos deben estar reguladas por normativas y acuerdos previamente establecidos.
El estado mexicano ha establecido contribuciones que tienen un fin completamente recaudatorio y son aquellas en las que la sociedad contribuye con el gasto público y el gasto que supone la operación del gobierno. De igual forma la ley contempla impuestos que los contribuyentes deben pagar como reparación de las afectaciones que las actividades económicas genera al país; como lo son los impuestos relacionados con el medio ambiente, ya que al superar los límites de contaminación establecidos el impuesto generado se empleará para atender las afectaciones en el ambiente. Como es el pago de 43 pesos por tonelada de CO2 emitido al ambiente.
Por otra parte, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, tiene la tarea de unificar la carga impositiva en cada entidad federativa y en la federación.
Sin embargo, en 2013 en la Ley del Impuesto al Valor Agregado se permitió la aplicación de impuestos cedulares; que son aquellos impuestos que los estados pueden cobrar por actividades empresariales, tales como actividades profesionales, venta de bienes y renta de bienes inmuebles. El pago de estos impuestos tiene el objetivo de atender las necesidades regionales.
Bajo este antecedente, en el Estado de México se ha propuesto implantar 3 impuestos; el primero de carácter contributivo y dirigido al medio ambiente en el que las empresas deben invertir con miras a los objetivos de la Agenda 2030 y contar con un sector empresarial sustentable.
El segundo atenderá el impuesto generado por las diferencias entre los avalúos y la venta de un bien; enfocándose en las casas de empeño.
En la tercera propuesta, se pretende gravar las utilidades de las personas físicas que prestan servicios profesionales. Con esto, el estado estará facultado para cobrar este impuesto previo a la federación y se podrá presentar una deducción frente a los impuestos federales.
Desde el sector económico mexiquense atendemos este tema y consideramos indispensable que la voz del empresariado sea escuchada dentro de las mesas de análisis previos a la puesta en marcha de los impuestos cedulares. Deseamos contribuir, proponer y llegar a los mejores acuerdos para la sociedad mexiquense.
La autorización de nuevos impuestos, sin lugar a dudas impacta al sector económico y, por ende, a los trabajadores y a las familias mexiquenses. La construcción de diálogo y la formación de acuerdos brindará los mejores resultados para este nuevo entorno económico en el que vivimos.
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