Fernando Reina Iglesias
Ante el creciente endeudamiento que venían reflejando las entidades federativas y los municipios, el 27 de mayo de 2015, entró en vigor la Reforma Constitucional que daría paso un año más tarde (17 de marzo del 2016) a la aprobación por parte del Congreso de la Unión, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, misma que fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 27 de abril del 2017. El objetivo de esta estrategia nacional, fue y es, la de promover finanzas públicas sostenibles tanto en estados como en municipios, a través de reglas de disciplina financiera y el uso responsable de la deuda pública, así como el fortalecimiento de la transparencia, entre otras medidas.
Y es precisamente en este rango de “otras medidas” que se encuentra el referente de las Asociaciones Público Privadas (APP), como una alternativa que la normatividad en mención, otorga a los entes gubernamentales para financiar proyectos, esto derivado de las limitantes y restricciones que la misma Ley contempla para desmotivar el acceso a ingresos extraordinarios, bajo la modalidad de deuda, comúnmente clasificada como ingresos por financiamiento para el desarrollo. Esquema, al que se incurría en ocasiones, sin la suficiente disciplina y responsabilidad; propiciando que poco se favoreciera el desarrollo y por el contrario se acumulará la deuda en los erarios públicos.
Es de tal manera, que ante las limitantes establecidas para acceder a esquemas tradicionales de endeudamiento para las haciendas públicas, y ante la posibilidad que otorga la Ley comentada para establecer alianzas con el sector privado, que se debe alentar y motivar cada vez más, la consolidación de proyectos de impacto e interés social bajo la modalidad de Contratos de Prestación de Servicios, Contratos de Concesión, Esquemas de Arrendamientos, Aprovechamiento de Activos, entre otros; en donde la iniciativa privada, a través de la inyección de recursos, opere los proyectos tomando como garantía un contrato con el gobierno, y así recuperar su inversión; constituyendo este esquema, la posibilidad de asegurar el cumplimiento de obras y proyectos contemplados en los Planes de Desarrollo vigentes para cada entidad y los planes y programas que de estos derivan.
Por tanto, el desafío actual de las autoridades hacendarias consiste en desarrollar las habilidades de gestión y negociación, que aseguren en primera instancia llamar la atención de empresarios en proyectos y/o obras como: la construcción de carreteras y vialidades, infraestructura hidráulica, hospitales e infraestructura en materia de salud, centros de readaptación social, centros culturales, centros deportivos, universidades, modernización del transporte público y mobiliario urbano, por mencionar algunos; y en segunda instancia, asegurar la confianza del inversionista en cuanto al retorno de su inversión, ello mediante el orden, disciplina, y transparencia en la administración de los recursos del ente que este promoviendo el establecimiento del esquema.
El establecimiento de las Asociaciones Público Privadas lleva implícito el desafío que tendrán de ahora en adelante los gobiernos, por poderse ofrecer y vender como la mejor opción de inversión y de recuperación de capital. Sin duda, todo un reto que incita a los funcionarios en turno a potenciar su creatividad para encontrar esquemas de interés para el sector privado, y a la vez, de saber capitalizar las fortalezas y oportunidades de la administración para lograr que el sector empresarial, apueste a esquemas de colaboración mutua.
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