Luis Gustavo Parra Noriega, comisionado del Instituto de Transparencia mexiquense (INFOEM) dijo que a 18 años de la publicación y entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, la ciudadanía tiene en su poder una herramienta que le brinda la posibilidad de empoderarse y exigir rendición de cuentas a cualquier persona que trabaja en todo nivel de gobierno en la entidad, lo mismo que vigilar y prevenir posibles actos de corrupción.
Dijo que a la par de dicha Ley estatal, se encuentra la de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, con lo que la población cuenta con un marco jurídico sólido para ejercer su derecho y exigir a las autoridades que rindan cuentas.
“Cada uno de nosotros puede preguntar sobre las actividades, funciones y tareas que realiza cualquier servidora o servidor público, lo que nos permite mantener un control, a través del cual, toda funcionaria y funcionario se encuentra vigilado y de esa manera mitigar la corrupción y empoderar a cada ciudadana y ciudadano para que solicite lo que es suyo: la información pública”.
Capacitación virtual
Durante su participación en la capacitación virtual “Derecho de Acceso a la Información, Clasificación de la Información y Responsabilidades Administrativas”, dirigida a ayuntamiento, sostuvo que este mes de mayo, la normatividad en la materia obliga a los servidores públicos a realizar su declaración patrimonial y de intereses, pues actualmente existe un mayor control sobre las acciones realizadas por las y los funcionarios, en todas las instituciones públicas.
Destacó que la finalidad es implementar mayores mecanismos de control para evitar que cometan actos de corrupción.
Resaltó que todo acto realizado por el servidor público, en el cumplimiento de sus funciones y atribuciones, debe estar plasmado en un documento; motivo por el cual enfatizó en la importancia de tener los archivos públicos del municipio ordenados y actualizados, sin olvidar que éstos no son patrimonio de las o los funcionarios, sino que son propiedad de toda la población y es su derecho solicitarlos.
Información pública
Al final aclaró que en pocos casos, entregar información pública puede causar algún riesgo y es cuando, con apoyo del Comité de Transparencia de cada sujeto obligado, debe elaborarse la prueba de daño, en la cual se fundamenten y motiven las razones por las cuales la información requerida no puede entregarse a la o el solicitante y debe ser clasificada como reservada o confidencial.
