El 8 de marzo de hace 106 años, como parte de las acciones feministas ya sucedidas en muchos países de Europa y Estados Unidos, unas 90 mil mujeres trabajadoras rusas salieron a la calle para protestar contra las pésimas condiciones de trabajo que tenían en las fábricas, pero también por el derecho al voto, el hambre y la guerra (arrancaba la 1ª guerra mundial) que contribuyó en buena medida al inicio de la revolución en ese país; de hecho por esa razón se le ha dado a conocer como la manifestación “pan y paz”. Seis años antes el 25 de marzo del 1911 en Nueva York 149 personas casi todas mujeres murieron al incendiar y cerrar la puerta de la fábrica de ropa Triangle Shirtwaist por el “grave pecado” de exigir mejores condiciones de trabajo. Más de medio siglo después (1975) la ONU declaró oficialmente el 8 de marzo como el “día internacional de la mujer y con ello nació una nueva etapa en la reivindicación de los derechos de las mujeres, y el avance gradual de la igualdad y la equidad en prácticamente todos los aspectos de la vida.
Adelantándose a esta declaración México firmó tratados y convenios internacionales que derivaron en noviembre de 1974 en la promulgación de una adición al artículo 4°constitucional para incluir como derecho fundamental la igualdad jurídica entre hombres y mujeres y a continuación un paquete de reformas en esa materia y en el mismo sentido garantista sobre planificación familiar, condiciones laborales y en derecho familiar, sucediéndose desde entonces una gran cantidad de modificaciones legales de gobierno y resoluciones judiciales que han hecho evolucionar estos derechos, fortalecimiento las garantías e instituciones para su protección, defensa, difusión y progresividad.
El antiguo dicho de que “los derechos no se otorgan, sino se conquistan” va muy bien en este caso, pues la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres es un objetivo jurídico, político, laboral y social que para avanzar en su consecución exige una lucha constante y permanente de parte de las mujeres, claro está, pero también y sobre todo de todos los sectores de la sociedad, para que más allá de las marchas, declaraciones y leyes podamos convertirla todos en cultura, esto es, en una forma de ver y vivir la vida. Así que más que ser motivo de “celebración”, la fecha invita a conmemorar, es decir, a traer a la memoria juntos aquellas reivindicaciones originales por las que muchas mujeres incluso dieron la vida, enriqueciéndolas con las naturales y obvias ampliaciones, resultado de la propia vigencia de las normas aplicables, la política pública, las decisiones judiciales y las nuevas realidades que van surgiendo y retroalimentando nuestro marco normativo y nuestra cultura social.
En tal sentido, y dado que se trata de la primera mujer que llega a encabezar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vale mencionar la propuesta de trabajo de la ministra presidente Norma Lucía Piña Hernández, que pretende hacer partícipe y actor principal al poder judicial en este cambio evolutivo de los derechos y garantías para lograr un México más igualitario, más equitativo, donde mujeres y hombres jurídicamente se coloquen en los hechos en las mismas condiciones en tanto que objeto y sujetos de derechos y obligaciones. De dicha propuesta, resaltan su visión y decisión para evitar, combatir y sancionar la corrupción de servidores públicos adscritos a ese poder, así como para mejorar y modernizar su administración pública, incluyendo ampliaciones importantes en materia de género y la creación de la unidad de seguimiento de las reformas constitucionales y legales del Consejo de la Judicatura Federal. También destaca en su programa el fortalecimiento de la actividad en pro de los derechos humanos y la atención a las minorías vulnerables, que será de gran utilidad ante las circunstancias actuales de la Comisión Nacional de la materia, de igual forma que su intención por renovar la política de comunicación institucional (prensa, canal judicial, programas de TV, radio, Internet) algo que es muy importante para la verdadera democratización del poder judicial y el impacto real su actividad a todos los niveles y estratos de la población.
Me parece una excelente forma de honrar la memoria de quienes desde hace ya más de 100 años alzaron la voz para exigir igualdad, equidad y más y mejor justicia.
Por José Ramón González Chávez