OBSESION POR ROMPER LA LEY
La ley dispone que a partir de hoy se suspende el proselitismo, la promoción y la propaganda política en favor de los partidos y candidatos contendientes en los comicios electorales para renovar distintos cargos de elección popular que se llevarán a cabo en los estados de Coahuila y México.
Sin embargo, durante la presente administración las violaciones a la ley electoral, a las vedas y a todo que tiene que ver con la constitucionalidad del estado democrático desde el ejecutivo federal hasta los estratos más b+asicos de la burocracia federal y ls locales, ha sido el blanco de violaciones sistemáticas, cínicas y abiertas
Leí hace poco que a las palabras no se las lleva el viento, sobre todo aquellas que nos impactan positiva o negativamente. Nada más cierto, es una aseveración que queda “como anillo al dedo” hoy más que nunca, en un sexenio donde las palabras y falacias han sobrado y las letras, las ideas y argumentos siguen estando ausentes.
En ese sentido mucho de lo que ha hablado desde el púlpito presidencial ha sido dicho sin pensar o pensando de forma torcida o hasta perversa y mucho de lo dicho ahí no tendrá olvido, para bien o para mal.
El 41 artículo 134 de la Constitución federal, dispone que durante las campañas y hasta el término de la jornada electoral la propaganda gubernamental deberá suspenderse. Asimismo, el establece que los servidores públicos deberán actuar con imparcialidad y sin preferencias partidistas.
No obstante, han sido más que evidentes las violaciones a estos dispositivos por parte de legisladores y funcionarios del sector público de todos los ámbitos de gobierno, empezando por el ejecutivo federal, que en el 80% de sus conferencias matutinas ha pasado por encima de las disposiciones constitucionales, siendo que por cierto fue él quien como opositor demandó siempre y con gran vehemencia su cumplimiento, arguyendo que lo hace en ejercicio de su derecho fundamental a la libertad de expresión
Pero el Ejecutivo y su séquito, ya sea por ignorancia o plan con maña, ha confundido u olvidado la gran diferencia que desde el Derecho se hace entre libertad y atribución: en el primer caso, implica que el individuo puede hacer todo lo que no transgreda la ley, mientras no afecte los derechos de los demás; pero en el segundo, significa que el servidor público solo puede hacer –ni más, ni menos– SOLO lo que le indica la Constitución y las leyes en el marco de sus funciones so pena de caer en responsabilidad,
Por eso es falaz y mentiroso afirmar desde el púlpito presidencial para abajo y desde la tribuna que un servidor público puede expresar sus preferencias político electorales y más en campaña, precisamente porque hay atribuciones en la Carta Magna y las leyes que se lo prohíben y la razón es obvia.
¿Hasta dónde llegara esa violación flagrante a la legislación electoral? Hasta cuando la autoridad electoral seguirá viéndose tibia o indolente respecto de las conductas anti constitucionales e ilegales por parte de los gobiernos y sus partidos afines que inciden en los procesos electorales?
Veremos y pondremos en evidencia hasta donde se estira la liga durante la jornada electoral y después del cierre de las casillas.
Por José Ramón González Chávez