El Estado constitucional tiene como principio básico la sujeción al orden Constitucional, tanto de los ciudadanos como de las autoridades de los órganos del poder público del Estado, ya sean de carácter ejecutivo, legislativo y judicial en los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal; orden compuesto por lo que dispone –claro está– en la Carta Magna, pero también en los instrumentos internacionales vinculantes, la jurisprudencia y la doctrina constitucional, entre otros productos jurídicos, relacionados con los derechos fundamentales y los actos de autoridad que deben garantizar su ejercicio, promoción y defensa.
Sn embargo, este ser (la realidad), deber ser (lo que dispone la norma) y tener que ser (la coercitividad para hacer exigible su cumplimiento y sancionar al que la infrinja) del Derecho al que se refería en sus escritos el gran Jurista Jorge Carpizo, se enfrenta hoy como nunca a un recurso pseudo argumentativo que distorsiona la realidad y la manipula en favor del político, ya sea candidato o gobernante: la Postverdad, en grave detrimento del de la constitucionalidad y la democracia de un pueblo.
Postverdad en términos generales no es otra cosa que una o varias falacias de tipo visceral, es decir, dirigidas al hígado o al corazón, cuyo propósito es manipular y distorsionar deliberadamente una verdad, de tal suerte que para el manipulador los datos reales y objetivos tienen menos valor que las apreciaciones subjetivas y las reacciones, creencias, sensaciones, sentimientos y resentimientos individuales y colectivos que provocan, y de tal forma influir en la conducta de la opinión pública (la audiencia, el auditorio, los lectores, los medios).
Este recurso anti-argumentativo, es utilizado en el medio político desde los años 90 y se recurre a él cada vez con mayor frecuencia (baste recordar el caso del referéndum sobre el Brexit en el Reino Unido), para que partidos, gobiernos, actores construyan líneas de discurso populistas que les permitan generar, mantener y aumentar simpatías y confianzas entre sus seguidores e indecisos, así como falsas expectativas mediante mentiras disfrazadas de verdad pero que tienen una alta carga emotiva, construyendo una especie de realidad paralela afín a la ideología de quien la usa.
La propia estructura y dinámica de medios y redes en la actualidad hace que a la ciudadanía –sobre todo en aquellos sectores más manipulables por razones socioeconómicas, educativas, culturales, etc. – le sea difícil corroborar esos datos y afirmaciones, más aun si van acompañados de imágenes de reforzamiento, aunque no tengan relación ni con lo que se dice y a veces ni siquiera con el asunto del que se trata.
Pero eso sí, cuando a alguien se le ocurre demostrar públicamente que esas declaraciones o notas son falsas o invalidas, además de que el que las ha expresado queda totalmente impune, este se va en contra de quien lo ha descubierto, tachándolo de adversario, cuando no de enemigo, y creando en su contra nuevas emociones dirigidas a la audiencia, eliminando el debate y lo que parece increíble, reforzando también su discurso falaz.
Si todos estuviéramos de acuerdo en todo, si hubiera un pensamiento único, no se necesitaría de la política. Por eso el disenso es un elemento imprescindible de la democracia, de hecho es su razón de ser y por eso la política es la forma de buscar y encontrar en tal contexto acuerdos en lo fundamental, independientemente de las preferencias y expectativas personales y de grupo; y por ello también, quien conduce el Estado y el gobierno debe ser por obligación y responsabilidad política, su principal garante.
Hay que tener en cuenta que la conexión entre el discurso falaz, quien lo dice y la audiencia no se da de manera espontánea: se induce a través de la cooptación de los medios y el empleo de redes y herramientas informáticas como las fake news (noticias falsas pero repetidas por miles o millones), los bots (programas de computación que envían de forma automatizada, repetitiva y rápida estos mensajes-idea como si se tratase de personas, hechos y datos reales) y los trolls (personas anónimas que de manera gratuita o pagada se dedican difundir información falsa e insultar a los oponentes, provocando una tensión que lleva al silencio de quienes pudieran comentar algo, con lo que se intenta mostrar, de nuevo falsamente, como “aprobación”). Todas estas herramientas maliciosas ayudan al político a distorsionar la realidad a su favor, desacreditar a los adversarios, reforzar la conexión emocional con la audiencia y con todo eso mantener y mejorar artificialmente su popularidad.
Si bien, cualquier política o político puede usarla en su beneficio, la postverdad se convierte en una verdadera amenaza para el Estado Constitucional y el desarrollo democrático de un pueblo cuando es empleada de forma centralizada por el jefe de Estado y/o gobierno quedando exclusivamente en sus manos su diseño y reglas de operación, y convirtiéndola en línea política a la que deben sujetarse los simpatizantes, militantes, políticos y gobernantes de su propio partido, del que es –como en cualquier parte del mundo el líder nato–, convirtiendo a la Constitucion, las leyes e instituciones en algo inútil y hasta estorboso.
En tal contexto, el sistema, la cultura y el discurso políticos del México de hace 50 años le caen como anillo al dedo para usar las postverdad como herramienta electoral de gobierno; y es por eso también que “Guardar y hacer guardar la Constitucion y las leyes que de ella emanen” –única cosa que protesta cumplir un Presidente de la República cuando asume el cargo– deja de ser para él una responsabilidad política y jurídica de primer orden para convertirse en una frase sin sentido e incoercible, y principios generales del Derecho como “la Ley es la Ley” quedan sin valor, todo lo cual rompe desde su base el principal de los pilares que sostienen el Estado Constitucional.
En un Estado constitucional y democrático todos tenemos algo que decir; pero eso es algo que implica una gran responsabilidad cívica y política, pues no podemos decir lo que sea, tenemos que hacerlo con argumentos, pruebas, datos objetivos y fundamentos jurídicos que sustenten nuestras opiniones y presupone también la existencia de un entorno favorable y espacios para el debate razonado de ideas, donde todos ganan y ceden algo a fin de lograr consensos. De ahí se entiende por qué la argumentación es la columna vertebral del nuevo sistema constitucional, que abandona el modelo vertical autoritario, donde el gobernante en turno toma de manera unilateral las decisiones, haciéndolo ahora escuchando todas las voces e instrumentando los consensos logrados, lo que hace al sistema verdaderamente democrático.
Ante la contradicción dialéctica entre Estado constitucional y postverdad los ciudadanos tenemos la gran responsabilidad de manifestar nuestras ideas de forma argumentada, de no quedarnos callados ante la violencia mediática existente contra los que disienten, ya que como se comentó líneas arriba para la postverdad y sus usuarios “el que calla otorga”.
Por José Ramón González Chávez
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