A más de dos años que fue eliminado el Consejo Consultivo de Valoración Salarial, nada se ha hecho para establecer un tope salarial a los servidores públicos en el Estado de México, pues aunque esta atribución sería exclusiva de los diputados, a través de la Comisión de Planeación y Gasto Público con el apoyo del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), hasta el momento no se ha emitido ningún ordenamiento o sugerencia al respecto.
Hace unas semanas, los diputados de morena presentaron dos iniciativas que no han sido analizadas; una para crear la Ley que Regula las Remuneraciones de las Personas Servidoras Públicas de los Poderes del Estado, los Municipios y los Órganos Autónomos del Estado de México y otra más para establecer en la legislación mexiquense la prohibición de que cualquier servidor público gane más que el Presidente de la República.
Aún y cuando muchos diputados y especialistas políticos consideraban que de nada servían las recomendaciones del Consejo Consultivo de Valoración Salarial e incluso eran letra muerta, toda vez que como su nombre lo indicaba, solo eran “recomendaciones”, e incluso sus integrantes tenían cargos honoríficos, hubo quien dijo que al menos era un referente para exhibir, sobre todo a los presidentes municipales que se auto-asignaban salarios excesivos.
La Constitución Mexicana no estipula que los sueldos de quienes integran el Poder Judicial (PJEM) deban disminuirse, fue el argumento que dio el presidente, Ricardo Sodi Cuéllar, tras ser cuestionado sobre la insistencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto de que en sueldo de los magistrados está por encima del salario que él mismo recibe.
En el caso del gobernador mexiquense gana aproximadamente 105 mil pesos; los integrantes del Consejo de la Judicatura, perciben casi 149 mil pesos; la titular del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), Leticia Victoria Tavira casi 142 mil pesos, mientras que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos más de 106 mil pesos, solo por mencionar algunos.
A decir del secretario del PRD y especialista en temas legislativos y electorales, Javier Rivera, debe llevarse a cabo una reforma integral a diversos marcos normativos, cuyo objetivo sea la observancia integral de los recursos públicos que se destinan a las remuneraciones de los servidores públicos.
“A veces solo se simula, por eso deben pasar por medidas como la evolución patrimonial, transparencia, sistemas anticorrupción, para evitar disfrazar percepciones”.
Consideró que aunque Morena también impulsó la propuesta para reducir el número de integrantes de los ayuntamientos, hasta el momento no se sabe si hubo éxito y ahorros, lo mismo deberá ocurrir con su propuesta para crear la Ley de Remuneraciones.
La diputada mexiquense de Movimiento Ciudadano, Juana Bonilla, no descartó la posibilidad de impulsar un punto de acuerdo a Poderes para que se presenten los últimos parámetros propuestos por consenso.
“La Ley de Austeridad que no la hemos revisado en el legislativo y aunque es cierto que no hay consejo, sí hay ciertos parámetros que quedaron como base, como no es que nadie puede ganar más que el Presidente”.
Desaparece el Consejo Consultivo
Fue en el 2020 cuando la Junta de Coordinación Política propuso desaparecer el Consejo de Valoración Salarial -que operó 14 años- y así sustituir su labor con la comisión de Gasto Público, del Congreso, para determinar los sueldos de todos los servidores públicos de la entidad, incluyendo poderes, municipios y órganos, con el fin de evitar disparidad y lograr que las determinaciones sean tomadas en cuenta.
Para ello, tuvieron que modificar diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo para evitar altos gastos en este rubro, pues algunos estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) detallaban que las remuneraciones de los altos funcionarios mexicanos representan 13 veces el Producto Interno Bruto per cápita del país.
Con esta desaparición, advirtieron, durante la aprobación anual del presupuesto de egresos, se debían señalar las remuneraciones de los servidores públicos, tomando en cuenta que quienes laboran en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los órganos autónomos y los ayuntamientos tienen derecho a recibir una retribución adecuada e irrenunciable por el desempeño de su empleo, cargo o comisión.
Indicaron que estas remuneraciones debían determinarse considerando varios factores como los recursos económicos disponibles, el costo promedio de vida, el índice inflacionario, el grado de marginalidad, la productividad en la prestación de servicios públicos, la responsabilidad de la función y la eficiencia en la recaudación de impuestos.
“Esa tarea la ha realizado durante los últimos años el Consejo Consultivo de Valoración Salarial, pero ahora pasó a manos de los diputados para no generar un gasto extra y reunir el trabajo a la revisión del paquete fiscal, donde se deberán incluir los catálogos generales de puestos y tabuladores de remuneraciones de los servidores públicos estatales y municipales”, argumentaron previo a la anulación del Consejo Consultivo de Valoración Salarial.
A partir de este momento, la Comisión de Planeación y Gasto Público del Poder Legislativo tendría la atribución de formular opiniones y recomendaciones en materia de remuneraciones de los servidores públicos.
La aprobación impulsada por los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), establece también que la comisión contará con el apoyo del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), respetando los principios de racionalidad, austeridad, disciplina financiera, equidad, legalidad, eficacia, eficiencia, congruencia, igualdad y transparencia.
La Comisión de Planeación y Gasto Público se encargaría de llevar a cabo estudios y emitir opiniones en materia de remuneraciones de los servidores públicos del Estado de México y de los 125 municipios mexiquenses, tarea que venía realizando el Consejo Consultivo de Valoración Salarial, órgano auxiliar del Poder Legislativo.
Es así que podrá formular opiniones o recomendaciones sobre la remuneración que debe corresponder a cada uno de los servidores públicos del Estado de México y sus municipios, haciéndolas del conocimiento del pleno legislativo.
Posteriormente, las recomendaciones serían publicadas en la Gaceta del Gobierno, para ser consideradas al discutir el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, y para la formulación de recomendaciones a los municipios.
Estás observaciones sobre las remuneraciones mínimas y máximas propuestas en el proyecto de presupuesto, se precisa, deberá emitir la Comisión a más tardar el cinco de diciembre, en tanto que para los municipios las remuneraciones serán revisadas antes del 25 de febrero de cada año.
También subraya que las remuneraciones deben determinarse considerando factores como la población, los recursos económicos disponibles, el costo promedio de vida, el índice inflacionario, el grado de marginalidad, la productividad en la prestación de servicios públicos, la responsabilidad de la función y la eficiencia en la recaudación de impuestos.
En su momento quien fuera comisionado del Instituto de Transparencia y ahora es presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción, José Guadalupe Luna, consideró que este consejo trató de solventar la carencia que el legislador tenía, porque como Legislatura no podía aprobar los presupuestos de los ayuntamientos.
Acusó que hubo alcaldes que ganaban más que el Presidente de Estados Unidos, lo que generaba repudio entre los ciudadanos, ya que siempre fueron exhibidos por ganar más en comparación de lo que establecía este tabulador.
“Este consejo obedeció más a presión social y mediática que legal, pues si alguien ganaba más salario del recomendado eran más vistos”.
También Gustavo Parra, comisionado del INFOEM opinó sobre si se debía seguir sugiriendo a los alcaldes cuánto ganan y establecer un tope que no están obligados a cumplir, indicó que el tope ya estaba claro en la Constitución.
Nadie ganará más que el Presidente
Desde el 2018 Morena anunció la presentación de una iniciativa para nivelar las remuneraciones de los servidores públicos. Fue el presidente de la Junta de Coordinación Política en la pasada Legislatura, que logró ratificarse en la presente, Maurilio Hernández, quien dijo que la entidad, como a nivel federal, tendría una Ley de Remuneraciones que incluiría a los tres poderes, ayuntamientos y órganos autónomos.
Advirtió incluso, que se eliminarán los bonos en la Cámara de Diputados, pues su ejecución no la marca ninguna normatividad. No obstante, aún con las medidas de contención del gasto en el Poder Legislativo y los estragos de la pandemia por Covid19 los diputados mexiquenses aumentaron en más de 35% sus salarios, ya que pasaron de casi 109 pesos mensuales a casi 159 mil pesos brutos.
Fue hasta este año cuando con la finalidad de reducir la discrecionalidad en las percepciones del servicio público, combatir la corrupción y permitir ahorros de 125 millones de pesos al año, que los diputados plantearon crear la Ley que Regula las Remuneraciones de las Personas Servidoras Públicas de los Poderes del Estado, los Municipios y los Órganos Autónomos del Estado de México, conforme a la cual, el salario de las personas titulares de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo del Estado, en ningún caso podrá exceder la que corresponda al Presidente de la República.
“El servicio público es, como cualquier otro oficio, profesión o carrera, digno de ser remunerado bajo los principios que lo dignifiquen, no así, el excesivo despilfarro de una élite que más que servir al pueblo busca perpetuarse en el poder y acrecentar las desigualdades”.
Señala que las personas servidoras públicas recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su empleo, cargo o comisión, la cual deberá ser proporcional a su nivel jerárquico y al grado de responsabilidad que tengan, sin que puedan percibir por dicho concepto, cantidades o beneficios mayores a los que por su nivel les corresponda.
Pues consideró desproporcional la asignación de los sueldos y salarios de las presidencias municipales, puesto que sin una normativa que los regule, la auto asignación de la remuneración es discrecional y fuera del rango de responsabilidades, mientras que según datos del Instituto de Acceso a la información Pública de la entidad 72 de los 125 Municipios, solo transparentaron su tabulador de sueldos y salarios, existiendo una disparidad en la asignación.
De aprobarse esta ley, el erario municipal ahorraría anualmente más de 10 millones de pesos nada más en sueldos de titulares, y con el resto de ediles el ahorro sería superior a 125 mdp.
La ley aplicará para establecer los sueldos de los servidores de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y en los municipios, organismos descentralizados de carácter estatal o municipal, empresas de participación mayoritaria estatal o municipal; fideicomisos públicos, y organismos constitucionales autónomos de carácter estatal.
La propuesta, se encuentra pendiente de ser analizada en comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
Además, se propuso establecer en la Constitución Política estatal que ninguna y ningún servidor público reciba un sueldo superior al establecido para la gubernatura y la presidencia de la república.
Vacío o legalidad
En la actualidad y tras la anulación del Consejo Consultivo de Valoración Salarial, no hay normatividad que establezca un tope mínimo y máximo de salarios.
La ley solo obliga a publicar obligaciones de transparencia comunes establecidas para todos los sujetos obligados, entre ellas: indicadores que permitan rendir cuentas, directorio de servidores y servidoras públicas, remuneraciones brutas y netas, gastos de representación y viáticos, número de plazas, información financiera del presupuesto, deuda pública.
De acuerdo a la última recomendación, si ésta fuera tomada en cuenta, los funcionarios estatales de nivel 32 deberían percibir 108 mil pesos netos al mes; los de nivel 31, 95 mil pesos netos mensuales; en el nivel 30, 69 mil pesos netos mensuales y en el nivel 29, los servidores públicos tendrían una remuneración de 67 mil pesos mensuales.
En el caso de las remuneraciones municipales se contemplaron cinco niveles de criterios bajo los que dividieron a los ayuntamientos: nivel A, $69 mil 368; nivel B, $81 mil 166; nivel C, $92 mil 964; nivel D, $116 mil 559 pesos y nivel E, $140 mil 155 pesos.
En el nivel A se encuentran municipios como Almoloya del Río, Chiconcuac, Jaltenco, Ozumba, San Martín de las Pirámides; en el grupo B, Acolman, Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Cuautitlán, Ixtapan de la Sal, Lerma, Luvianos, Tepotzotlán y Tultepec; en el Nivel C, Chalco, Coacalco, La Paz, Metepec, Nicolás Romero, Texcoco.
Mientras que en el Nivel D se consideran ayuntamientos como Atizapán de Zaragoza, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ixtapaluca, Tecámac, Tultitlán, y en el Nivel E, municipios como Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz y Toluca.
Adriana Carbajal