Adiós a la civilidad política
Martha González
En las comparecencias, lo que en un principio parecía sería un escenario de cordialidad, todo derivó en gritos y sombrerazos de los legisladores contra el Secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque, quien estoico nunca cambió su postura: los recursos se ministraron sin distinción.
Como era de esperarse, los diputados se le fueron encima con aquello de que el Fefom no se entregó de manera adecuada y él defendió siempre que los municipios que se quedaron sin el recurso no pudieron cumplir con los requisitos que exige la ley.
Lo cierto es que los diputados habían acordado que no habría manifestaciones en favor ni en contra, incluso el perredista Omar Ortega se lo recordó al presidente de la mesa durante la comparecencia de Alejandro Ozuna y le pidió llamar al orden.
Sin embargo, la civilidad duró poco luego de la llegada de Jarque Lira al Pleno.
Lo cierto es que el Fefom se ha politizado a un punto grave, pues la oposición, en particular Morena, insiste en que son argumentos políticos los que llevaron a retener los recursos, mientras que el gobierno estatal se sostiene en que no fueron todos los municipios capaces de cumplir con la ley.
Seguramente la verdad está en medio. Es probable que las administraciones municipales no tuvieran la capacidad para cumplir en tiempo y forma, lo que aprovechó la administración estatal para “ponerse exigentes”.
Total, el caso es que el tema sirvió para la confrontación en el Congreso y dará para más, a pesar de que hay otros puntos importantes para discutir y que fueron apenas tocados.
Uno de ellos es el relativo a la deuda y cómo las APPs no son considerados deuda, pero en realidad sí lo son, pues hay que hacer pagos millonarios a largo plazo, pero eso ya se discutirá en la siguiente Glosa.
Mientras tanto, Alejandro Ozuna tuvo los mayores aprietos con el tema de inseguridad, que no es su labor directa, pero le tocó responder y repitió lo que ha dicho anteriormente: apoyo total a la estrategia federal.
El fallo en su argumento sigue siendo el mismo: el gobierno mexiquense tiene responsabilidad y atribuciones directas sobre este tema en el territorio estatal.
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