Ayer el DIF de Toluca presentó una denuncia por una serie de sustracciones de una de sus bodegas, objetos que luego resultaron encontrarse en otra bodega, al parecer en poder del padre de la presidenta de dicha dependencia municipal.
El hombre fue detenido por faltas administrativas, dado que agredió a los policías municipales que reportaron el hallazgo de los objetos “perdidos” y poco después liberado. Sin embargo, la investigación por el robo continuará su curso ante la FGJEM hasta que se determine las responsabilidades que a cada quien corresponden. Tope donde tope, dicen.
Realidad violenta
Hace ya un buen tiempo que llegaron al Estado de México la Marina y el Ejército, y desde hace ya un par de años la Guardia Nacional como intervención del gobierno federal en apoyo a la seguridad mexiquense y no parece haber aún una solución, por el contrario.
Y es que pese a que las autoridades insisten en la disminución de delitos, en particular los de alto impacto, la realidad se percibe cada día más violenta para los ciudadanos en todo el país.
Ahora, también las fuerzas federales, a través de la Guardia Nacional se integran a los operativo, pero no se nota avance, en particular porque esa corporación no ha terminado de cuajar y los que quedan de la ex policía federal la pasan muy mal para sobrevivir.
Lo cierto es que en muchas localidades del Estado de México, el miedo se ha apoderado hace tiempo ya de la ciudadanía, mientras los gobiernos municipales, francamente rebasados, no saben que respuesta dar.
La violencia y la delincuencia, tanto la común como la organizada, parece comandar en algunos municipios, donde es urgente una medida drástica.
En este contexto, es probable que muchos ciudadanos sientan alivio con la presencia de efectivos militares, o al saber que la Guardia Nacional es ahora un cuerpo castrense, pero eso no necesariamente es positivo.
Y es que lo adecuado es que el Ejército, en todas sus modalidades, se quede en los cuarteles y que sea la policía civil la que se encargue de la seguridad interna del país.
Sin embargo, la justificación es que vivimos en todo México condiciones extraordinarias, por lo que hay que tomar decisiones de este tipo, sin embargo el gobierno de López Obrador ha hecho poco o nada por la seguridad.
Tal vez este es uno de los efectos más negativos de la violencia y la criminalidad, pues el tejido social se rompe de tal manera que, tanto ciudadanos como autoridades aceptan circunstancias que en condiciones normales les hubieran parecido inaceptables.
Así pasa entre los mexiquenses del sur, donde muchos empresarios han accedido al pago de cuotas a cambio de seguridad. En principio lo hicieron porque no quedaba otra, pues si se negaban, ponían en peligro vida, familia y negocio.
Ahora, pasado un tiempo, señalan que es mejor pagar, porque en efecto tienen más seguridad que con las autoridades, pues a raíz de que han aceptado la extorsión, ya no padecen robos.
Hoy, gente que criticó con entusiasmo la presencia y permanencia del Ejército en otras entidades, parece aplaudir que La Marina patrulle las calles de su comunidad, y se acostumbrará a integrar estos operativos a la cotidianidad, aún cuando sabemos que no son más que un signo de lo mal que están las cosas por el Estado de México y de lo mucho que se dejaron crecer.