Transportistas corruptos

Martha González

El reordenamiento del transporte tiene ya logros interesantes que el secretario de Movilidad, Raymundo Martínez, ha explicado ampliamente. Sin embargo, hay ciertos sectores, ya muy reducidos, que insisten en intentos por evadir la ley.

Dos de estos personajes que pretenden fomentar la ilegalidad en el transporte público del Estado de México son Héctor Edmundo Escalona Piña y Luciano Rodríguez Ramos, los cuales han buscado protegerse del ordenamiento a través de alianzas con autoridades municipales panistas, de su filiación con el PT y con Antorcha Campesina.
Mediante estas relaciones han buscado que sobreviva el transporte público ilegal, del cual se benefician a costa de la necesidad de los usuarios, pues hablan de “normatividad” y “lo legal” para evadir los nuevos mecanismos del transporte en la entidad que puso en marcha Alfredo Del Mazo.
Luciano Rodríguez no solo se apoya de estas relaciones para obtener dinero, sino también de la de sus hijos Ricardo, “Lucki”, Belén y “Chomi”, quienes quieren controlar el transporte de pasajeros mediante prácticas de intimidación, golpes y violencia en los municipios de Zumpango, Huehuetoca y Tecámac.

Esta gente no es de fiar, tanto que hay registro de la detención de uno de ellos por agresiones a transportistas y elementos de seguridad pública por invadir sus rutas.

Lo peor del historial de estos sujetos, que fomentan la cultura de la corrupción, es que Luciano también estuvo detenido por la violación a una empleada menor de edad.
Es tan grande el cinismo de estas personas que empezaron a generar campañas en medios y redes sociales para reclamar a las autoridades por las medidas en torno al reordenamiento y rechazar las estrategias de gobierno del Estado, por lo cual no se encuentran dentro de las estrategias de seguridad como son el Centro de Control y Gestión del Transporte Público y la conexión al C5.

Al final de cuentas, no tienen forma de reclamar y mucho menos de justificar sus acciones, que solo están dirigidas a defender sus intereses personales. La pésima calidad del servicio que prestan no tiene argumento de defensa y demuestra que lo único que hacen es aprovecharse de sus alianzas y la necesidad de los usuarios.