Los diputados de Morena propusieron adscribir el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México al Poder Judicial, con la finalidad de garantizar la defensa efectiva de los derechos de las personas que enfrentan un proceso penal, o que ya tienen una sentencia.
El legislador Mario Ariel Juárez, dio a conocer que hasta julio de este año existían 11 mil 743 personas privadas de su libertad con menos de dos años en prisión y sin sentencia, y 693 con más de dos años en prisión y sin sentencia, además de que 11 mil 510 personas han sido detenidas por delitos de alto impacto y se les ha dictado prisión preventiva oficiosa.
Defensoría de regreso
Además, se busca regresar la Defensoría Pública al Poder Judicial, pues el Ejecutivo no puede ser juez y parte en el proceso de detención de personas, es decir, no puede llevar a cabo procesos para que los presuntos culpables sean llevados a un proceso judicial y a la vez “defenderlos”.
El legislador explicó que, con su adscripción al Poder Judicial, las y los defensores públicos recibirán capacitación constante en una carrera institucional, mejor pagada y más profesional, acorde con el servicio que brindan a la sociedad.
Impartición de Justicia
De la misma forma, mencionó que la impartición de justicia en el Estado de México es una asignatura pendiente, es por eso que se busca coadyuvar en la defensa de personas con bajos recursos económicos para contratar abogados.
La propuesta, que analizarán las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Administración y Procuración de Justicia, incluye que la Defensoría, a solicitud de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario de la Legislatura estatal, reabra expedientes cuando se presuman violaciones a derechos humanos y al debido proceso.
La iniciativa incluye reformas a las leyes Orgánica de la Administración Pública, de la Defensoría Pública y Orgánica del Poder Judicial del Estado de México.
Estímulos y recompensas
La persona titular de la Defensoría propondrá al Consejo de la Judicatura el otorgamiento de estímulos y recompensas a los servidores públicos, así como la aplicación de sanciones disciplinarias, entre otras atribuciones.
Adriana Carbajal
