Martha González Aguilera
Dicen los diputados que necesitan más información respecto de las razones de determinados recortes presupuestales y del aumento en otros rubros, mientras que pretenden candados muy específicos para la Asociación Público Privada (APP) que serviría para la rehabilitación de carreteras del sur.
Insisten además en que el presupuesto para el 2020 está atorado por la solicitud de deuda que incluye el gobierno mexiquense. Total, sigue la parálisis legislativa en esos temas y, obviamente detiene los demás pendientes. Sin embargo, dicen, es culpa de los funcionarios del gobierno estatal porque no les informan lo suficiente.
Se suponía que este miércoles pretendían llevar la votación al pleno, pero para como van las cosas, quien sabe si se postergue más. Es un año entero de trabajo del gobierno estatal lo que está en juego, junto con obras y servicios para los mexiquenses. Ojalá lo destraben o que la historia se los demande.
Seguridad descontrolada
Otro zafarrancho en Toluca, pero no nos referimos a lo ocurrido con los comerciantes ambulantes, que señalaron nuevamente abusos en el retiro de sus puestos, sino al personal de seguridad y logística del ayuntamiento, que agredió a compañeros reporteros que buscaban una entrevista con el presiente municipal Juan Rodolfo Sánchez Gómez, mujeres y hombres que pretendían hacer su trabajo, cosa que les impidieron y, además hubo amenazas de por medio.
Lamentable que cuando estamos en la discusión de cómo establecer protocolos de protección al trabajo periodístico, que Derechos Humanos interviene, la Cámara de diputados a punto de aprobar una primera ley al respecto y el gobierno estatal intenta establecer medidas, todavía hay funcionarios que se sienten con el derecho de agredir a los comunicadores para impedirles desarrollar sus funciones.
Esperemos que el alcalde tome cartas en el asunto, le indique al personal de seguridad y logística que deben respetar a los compañeros reporteros , que solo buscan hacer su trabajo.
Lo cierto es que una de las peticiones más sentidas de los reporteros en general en el Estado de México es precisamente que los funcionarios controlen al personal de seguridad que suelen reaccionar de manera por demás virulenta frente a los periodistas, que no tienen más armas que una grabadora y una cámara.
Si los funcionarios, de todos los niveles y de los tres Poderes no quieren declarar no podemos obligarlos, aunque es parte de su trabajo, pero no es la mejor decisión ponernos a lidiar con personal de seguridad que no sabe como tratar con la prensa.
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