En los últimos días se ha presentado, dentro y fuera de México, un debate de gran relevancia ¿la prisión preventiva oficiosa es acorde al marco convencional en materia de Derechos Humanos? La discusión es de corte extremadamente técnico.Más allá de aportar una opinión respecto del tema, aprovecharé la atención mediática para proponer una reflexión respecto de un debate más general ¿Cuál es el desafío actual de los Derechos Humanos al interior de la justicia mexicana?Desde 2011, nuestro sistema jurídico incorporó una reforma constitucional cuyo objetivo consistía en reconocer y ampliar los Derechos Humanos en beneficio de las personas e iniciar un nuevo paradigma constitucional en México, uno que fuera capaz de concretar que los Derechos Humanos de todas las personas se convirtieran en una realidad cotidiana. El reto resultó ambicioso y desafiante.Con este objetivo en mente, se implementaron acciones de todo tipo: desde la sensibilización de la ciudadanía, el gobierno y el aparato judicial hasta el esfuerzo -aún inacabado- de lograr una justicia cotidiana que demuestre que los derechos son realidades palpables. Se buscaba que los Derechos Humanos se conocieran, se sociabilizarán y comenzarán a vivirse cotidianamente.
Sin embargo, el resultado no fue el esperado, una buena parte de la ciudadanía asumió la percepción de que los Derechos Humanos protegen a quienes cometen conductas ilícitas y no a la ciudadanía en general. De ahí que existan aún muchos retos pendientes.
Un paso fundamental para el fortalecimiento de la reforma constitucional de 2011 consistió en que el Poder Judicial, nuestros tribunales, ubicaran jerárquicamente la protección de los denominados Derechos Humanos, sobre todo cuando éstos pueden contenerse en nuestro texto constitucional o fuera de él, en Tratados Internacionales. El reto es mayor al asumir que los Derechos Humanos -en el fondo- representan límites al ejercicio del poder público y por tanto ampliar su protección puede resultar incómodo.
De este modo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha definido en diversos criterios jurisprudenciales que los Derechos Humanos contenidos en la Constitución y fuera de ella, en Tratados Internacionales suscritos por México, forman parte del mismo catálogo de derechos y por tanto sobre éstos debe otorgarse, sin distinción, la máxima protección.
El debate y las decisiones actuales son fundamentales; se trata de hacer realidad el mandato de máxima protección. La presunción de inocencia y el debido proceso se enfrentan a la tentación de las autoridades de implementar el castigo (la prisión) aún antes de contar con la condena, so pretexto de combatir el delito y la delincuencia.
Este debate ejemplifica el desafío actual de los Derechos Humanos; sigue pendiente entenderlos y socializarlos; las autoridades no han podido (o no han querido) que la ciudadanía los considere como una herramienta para protegerse del abuso del poder. Tampoco se han hecho una realidad cotidiana, hacerlo implica costos que el gobierno no quiere asumir. Ni que decir de superar los falsos debates, los Derechos Humanos no son enemigos de la seguridad, son aliados de ésta. Todo indica que los retos deberán ser superados desde el espacio ciudadano pues las respuestas no vendrán desde el gobierno en turno.
Por: Fernando Roberto Zúñiga Tapia
Twitter: @ZuFerTapia
