La democracia nos brinda la oportunidad de convivir en sociedad por grandes que sean nuestras diferencias; nos otorga la oportunidad de construir comunidades que reconocen y respetan puntos de vista distintos, al tiempo que cimentan y fortalecen sus coincidencias.
En la discusión sobre la reforma electoral, sorprende que los discursos de ambas posturas (en favor y en contra de la propuesta oficial) se caractericen por la descalificación de la opinión opuesta. Es irónico que ambos grupos quieran apropiarse de la lucha por “defender la democracia” desde su propia postura polarizante; se convierten en enemigos naturales del sistema democrático, más que en sus defensores.
Los defensores de la propuesta oficial sostienen -con razón- que han participado de las luchas ciudadanas por la construcción de la democracia; en efecto, hombres y mujeres asociados con la izquierda política de este país han sido impulsores de la construcción de nuestro sistema democrático. Por eso, se les recrimina su actuación, cómo explicar que las luchas pasadas sean sólo anécdotas presentes.
Los detractores de la propuesta oficial sostienen -con razón- que no debe desconocerse el avance democrático, que es necesario defender la imparcialidad de las autoridades electorales, su profesionalización, su autonomía y las garantías de participación política de las minorías (posición que hoy ostentan). Sin embargo, omiten reconocer que el árbitro electoral adolece de un exceso de protagonismo y que las normas de protección para las minorías políticas se han alejado del sentir ciudadano porque se encuentran vinculadas a las élites políticas que representan.
Las y los autonombrados “defensores de la democracia” olvidan que ésta no ha sido construida por una sola postura ideológica, por el contrario, es resultado de acuerdos y producto de la pluralidad. El sistema democrático mexicano requiere de todas las visiones para fortalecerse, excepto de aquellas que creen poseer la verdad absoluta y desconocen el valor de lo diverso en nuestra sociedad.
Nuestra democracia tiene fallas: requerimos autoridades electorales ciudadanas, técnicamente capaces y socialmente sensibles, “sin cuotas y sin cuates” (sean estos partidistas, oficialistas o parte de la misma institución electoral) ¿Ello se resolvería con la elección por voto popular de las consejerías y magistraturas o mediante otra alternativa? El debate debería concentrarse en cómo resolver el problema y no en por qué lo propuesto es incorrecto.
Nuestra democracia tiene virtudes: la autonomía de las autoridades electorales ha permitido un resguardo y uso correcto del padrón electoral, se han limitado las tentaciones que enfrenta el poder de hacer mal uso de esta información ¿Cómo puede mejorarse su manejo y disminuir sus costos? La discusión debería generar ideas para responder esta pregunta, no enfrascarse en descalificar “lo caro” de su funcionamiento, ni en proponer que éste sea manejado por alguna dependencia del poder en turno.
Para la ciudadanía este debate -convertido en espectáculo- tiene la calidad de una campaña electoral, con toda la crítica y oportunidad que esto representa. Propagandistas y opositores no defienden nuestra democracia, persiguen sus objetivos para imponer su visión sobre cómo debe organizarse nuestro sistema democrático, sin tener capacidad de escuchar y dialogar; en estas condiciones, sea cual sea la postura que triunfe perderá la democracia.
Sin embargo, aunque remota, existe la posibilidad de dialogar, de promover una reforma política sobre temas donde existan consensos y oportunidades de mejora: financiamiento público, eliminación de financiamientos ilegales, mejores herramientas de transparencia y fiscalización… ¿entenderá el mensaje nuestra clase política?
Por: Fernando Roberto Zúñiga Tapia
Twitter: @ZuFerTapia