Entre el costo político y la inconstitucionalidad
Las Comisiones Unidas de Reforma Político-Electoral; Puntos Constitucionales, y Gobernación y Población han presentado el proyecto de dictamen que contiene la Reforma Electoral. El documento de casi mil cuartillas pretendió sintetizar 135 iniciativas: 62 constitucionales y 73 legales.
Mas allá de sus contenidos (copia casi exacta de la propuesta oficial) ¿por qué existe prisa por presentarlo y votarlo? Considerando -además- que el destino del dictamen parece definido: éste no tendrá los votos suficientes para realizar reformas de trascendencia constitucional.
El presidente, su bancada legislativa y sus aliados saben que la reforma electoral no logrará los cambios que desean: transformación del INE; reducción de consejerías y magistraturas electorales y su elección mediante voto directo; reducción de presupuesto público a partidos políticos y autoridades electorales; desaparición de autoridades electorales locales, entre otras.
Sin embargo, les importa evidenciar y aprovechar el rechazo de la oposición política a esta reforma. Saben que existen temas sensibles y delicados en el dictamen, pero que éste también contiene propuestas que son -al menos- muy populares entre la ciudadanía. El presidente y sus aliados culparán a las y los legisladores de oposición -y sus partidos- no sólo de todos los males financieros e institucionales de nuestra democracia, sino de su incapacidad para negociar cambios en beneficio del país.
Existe una estrategia de traslado de costos políticos; es decir, sumar simpatías para la causa de la cuarta transformación y restarlas para la oposición; cuestión que calculan suceda entre el votante indeciso, de cara a los próximos procesos electorales. Apuestan por ganar simpatías electorales en medio de la derrota legislativa.
El tropiezo legislativo a nivel constitucional les permitiría presentar otras reformas enfocadas en modificar las leyes electorales, las cuales pueden aprobar sin necesidad de la oposición. Se trata de mostrar a la ciudadanía -sobre todo al votante indeciso- que la transformación del país se hace pese a las resistencias políticas; existe un discurso bien construido y mejor ejecutado.
A la par del manejo discursivo, existe un “as bajo la manga”, el cual es sutil pero efectivo: aun cuando las reformas legales sean claramente contrarias a la constitución éstas no sólo serán aprobadas, sino que estarán vigentes hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sentencie lo contrario.
La apuesta es peligrosa pero viable: modificar desde la ley lo que no pudo cambiarse en la constitución y esperar todas las reacciones. Al respecto, debe tenerse en cuenta que para declarar la inconstitucionalidad de las leyes primero se tendrá que denunciar, lo cual implica -de entrada- la necesidad de acuerdos de actuación entre la oposición; después se tendrá que resolver, lo cual se traduce -al menos- en el tiempo que tomará a la Suprema Corte resolver el asunto, eso sin contar con que en los fallos de ésta siempre pueden existir “sorpresas jurídicas”.
El presidente tiene una estrategia definida, clara y posible para ganar -bajo cualquier escenario- con la reforma electoral. La oposición -como en el sexenio- está petrificada, sin rumbo y sin idea; son omisos en explicar a la ciudadanía los riesgos de la reforma, se olvidan de presentar alternativas para mejorar el sistema electoral y parecen temerosos de combatir en el espacio público la estrategia oficial… ¿tendrán alguna respuesta en estos días? ¿Quién pagará los costos electorales de esta reforma?
Por: Fernando Roberto Zúñiga Tapia
Twitter: @ZuFerTapia
