Primer acto: Las precampañas
El proceso electoral para renovar la gubernatura del Estado de México ha comenzado y con él inició una contienda electoral que trasciende a su propia geografía. La importancia de esta elección es múltiple: se trata de la entidad federativa con el padrón electoral más grande del país (poco más de 12.5 millones de electores), de uno de los motores económicos a nivel nacional y -por supuesto- de un extraordinario ensayo rumbo a la contienda electoral por la presidencia de la República en 2024.
En términos políticos esta elección se trata de “matar o morir”; el triunfo en el Estado de México representa la joya que falta a la corona de la cuarta transformación; es -al mismo tiempo- el oxígeno que puede darle vida no sólo al priismo nacional, sino a la oposición política en su conjunto. Sin contar, desde luego, la conveniencia de la elección para aquellos partidos políticos que, sin aspirar a ganar la gubernatura, triunfan vendiendo cara su compañía en la coalición electoral.
Para las autoridades electorales, este proceso representa la oportunidad -tal vez la última y por ello la más importante- de demostrar su valor en la democracia mexicana, sobre todo frente a los aires de reforma electoral que amenazan con causarles un torbellino institucional.
El pasado 14 de enero dio inicio -al menos formalmente- el primer acto: las precampañas electorales; su característica en este proceso es que no aspiran a cumplir con su definición legal -estar encaminadas a obtener respaldos partidistas para obtener la postulación de la candidatura-, sino que buscan ser campañas electorales -entendidas como el conjunto de actividades encaminadas a la obtención de votos-. En otras palabras, se trata de un primer acto que aspira a ser el último, con los peligros que esto conlleva.
Ante escenario, las autoridades electorales tienen un doble reto: garantizar que los deseos de los participantes por “adelantarse” en los tiempos no vulneren las reglas del proceso y al mismo tiempo, no convertirse en protagonistas de la fiesta de la democracia, ese papel corresponde a la ciudadanía (aunque ésta se resista a protagonizarlo). La prudencia y la firmeza de sus decisiones deberán convivir para garantizar que la norma se respete, con todo y sus vacíos.
En todos los frentes políticos, las precandidaturas son únicas o de unidad; es decir, no existe competencia alguna para alcanzar la candidatura, se trata de burdas simulaciones para comenzar las campañas electorales antes de lo que establece la norma. El reto es cuidar que -dentro de esta tosca simulación- no se vulneren mínimos indispensables; es decir, que las precandidaturas no actúen como candidaturas, que se abstengan de pedir el voto y de posicionar propuestas francas de campaña. La línea es delgada y las autoridades deberán demostrar que cuentan con criterios normativos, herramientas jurídicas y capacidad para tomar decisiones ante esta realidad.
El agotado modelo jurídico que regula la comunicación política intenta castigar el debate democrático; la autoridad electoral local (IEEM) ha dictado (al menos en su primera decisión) un criterio que pretende regular la promoción de una revista de forma distinta a como lo ha hecho frente a otras campañas publicitarias similares. Es peligroso que las primeras decisiones de la autoridad restrinjan la libertad de expresión y la labor periodística, sobre todo en contra corriente de lo que sostienen los tribunales federales especializados en la materia. Los golpes de firmeza no implican arbitrariedad.
Las contendientes (y sus fuerzas políticas) han decidido participar con un juego agresivo, pero en el límite legal; la autoridad ha demostrado -al menos de inicio- que puede convertirse en un factor de polémica e incluso de censura ¿recompondrá su participación? ¿será capaz de arbitrar una contienda sin caer en tentaciones arbitrarias o de protagonismo?… por el bien del Estado de México y de nuestro país espero que así sea.
Por: Fernando Roberto Zúñiga Tapia
Twitter: @ZuFerTapia
Excelente análisis, felicidades.