Integridad intelectual en entredicho
El año 2023 comenzó con pruebas serias para el tercero de los poderes de la República; el Poder Judicial ha sido objeto, como pocas veces en su historia, del escrutinio público y de la atención mediática, no por las sentencias que dicta, sino por la elección de su presidencia y la integridad de las y los ministros que le conforman. Una investigación periodístico-académica fue capaz de cimbrar la estructura de un poder que -al menos por cuanto hace a su organización- suele estar lejos del reflector político.
El inicio de la historia: una denuncia de plagio en la tesis de licenciatura de una de las ministras que integran el pleno de la Suprema Corte; el clímax: que la ministra en comento no sólo aspiraba a presidir dicho pleno, sino que contó y cuenta con una defensa de su persona desde el poder ejecutivo federal (debido a su cercanía con éste), lo cual denota intromisiones de la presidencia de la República en procesos propios del poder judicial; el desenlace de la primera temporada: la derrota de sus aspiraciones por presidir la Suprema Corte… pero la trama sigue dando de qué hablar.
Los detractores de la cuarta transformación exigen que la ministra sea retirada del cargo, sea por voluntad (renuncia) o por fuerza (remoción); los defensores de la actual administración exigen que el tema no sirva a las aspiraciones políticas de la oposición y que se termine el linchamiento mediático. En medio de este fuego cruzado se cuestiona a dos instituciones: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Ante tan apasionado caso, vale la pena comenzar por el principio: si bien es cierto, la UNAM ha concluido que el plagio existe y ha comenzado a sancionar a las involucradas (la primera fue la asesora de tesis, a quien se ha rescindido su contrato de trabajo), no lo es menos que se enfrenta a una legislación universitaria con vacíos legales. En otras palabras, no existe en la norma de la Universidad un texto expreso que le permita sancionar (sin dudas de interpretación) a la autora material del plagio.
La salida para la UNAM no es legalmente sencilla pero sí posible. Serán las máximas instancias universitarias (el Comité Universitario de Ética y la Comisión de Honor del Consejo Universitario) quienes tengan la tarea de fundar y motivar la sanción para su ex estudiante de Derecho. Para emitirla es fundamental respetar el debido proceso y encontrar una interpretación contundente para lo obvio: castigar la deshonestidad retirando el título universitario. La Suprema Corte, por su parte, deberá esperar que el título sea retirado y la cédula cancelada para poder actuar. En cada instancia, la ministra acusada puede emprender su defensa, derecho que constitucional y legalmente le asiste.
En resumen, el caso podría dejar muchas lecciones, pero quiero concentrarme en una: dadas las pruebas presentadas es indudable que el plagio existe; vista la trama la conclusión parece no sólo obvia, sino irrefutable… peor aún en estos casos y sobre todo en ellos es fundamental respetar el estado de Derecho. Dicho respeto ayudará a no crear víctimas o alimentar discursos de persecución, servirá para sentar las bases de que en nuestro país la deshonestidad es ilícita y se castiga. Este razonamiento deberá aplicarse -con igual pulcritud y severidad- en asuntos similares, pasados o futuros, que se presenten.
Parece trivial pero no lo es, fortalecer el estado de Derecho exige que éste sea respetado, especialmente frente a presiones públicas o mediáticas por no hacerlo. Fortalecer las instituciones, frente a actores que se sienten por encima de ellas, implica que éstas soporten las presiones y responsan con resoluciones firmes, legales y contundentes. Si la integridad de alguna se ha puesto en duda será su actuar legal -prudente y debido- quien la fortalezca.
Por: Fernando Roberto Zúñiga Tapia
Twitter: @ZuFerTapia
