En diciembre de 2013, el mexiquense Enrique Peña Nieto consiguió lo que parecía imposible y que se buscó con ansia durante al menos 75 años: la apertura del sector energético a la iniciativa privada.
La necesidad de abrir el sector se dio en un contexto en el que se reconoció la incapacidad de las empresas paraestatales Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad para satisfacer la demanda energética del país.
Con los cambios constitucionales, el gobierno priista y sus aliados en el Congreso de la Unión prometieron que en 2018 habría beneficios concretos para la población como una disminución en las tarifas eléctricas, en la gasolina y en el gas.
También aumentaría la producción de petróleo a 3 millones de barriles diarios y a 8 mil millones de pies cúbicos diarios, lo que significaría medio punto porcentual de crecimiento económico, así como la generación de 500 mil empleos adicionales. Pero además algo muy importante, la sustitución de las centrales eléctricas más contaminantes con tecnologías limpias y gas natural.
En 2013, cuando todo era felicidad entre los priistas que gobernaban al país, se anunció que 2018 cerraría con inversiones comprometidas por 200 mil millones de dólares.
Nunca sabremos si todos esos beneficios se hubieran alcanzado a largo plazo, fue evidente que en el corto plazo no se cristalizaron y, por el contrario, los precios de los combustibles tuvieron importantes aumentos hacia final del sexenio.
Nunca sabremos de esos beneficios, porque la cuarta Transformación de un plumazo desbarató toda esa reforma y Andrés Manuel López Obrador empezó a trabajar para crear su propia reforma eléctrica.
Esta reforma, que hasta la madrugada a de ayer, parecía que sería rechazada, pretende modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, además de agregar una serie de artículos transitorios. El objetivo es derogar la reforma energética de 2013.
Según AMLO la reforma de 2013 no beneficia al país ni a los mexicanos, pues otorga mayores beneficios a las empresas particulares. Su ley, en cambio, pretende favorecer a las plantas estatales de generación eléctrica para ser autosuficientes y recortar las ventas de energía de proyectos privados que provienen del extranjero.
Los diputados del bloque opositor a Morena y sus aliados, integrado por PRI, PAN y PRD, a los que podrían sumarse legisladores de Movimiento Ciudadano anunciaron con varios días de anticipación que votarían en contra de la reforma de AMLO.
Como es una reforma constitucional requiere al menos de 334 votos de los 500 disponibles y no sólo de mayoría simple.
Morena cuenta con 201 diputados, PT tiene 33 y el Verde Ecologista 43, por lo que la 4T tendría (si es que no fue ya rechazada esta madrugada) 277 votos seguros, lo que significa que necesitaría 57 más para lograr la aprobación.
Parece claro que en este momento al presidente López Obrador ya no le importa (o le importaba) ganar esa votación, por varias razones. Primero, porque la oposición a su reforma por parte de Estados Unidos y Canadá ha sido firme y sus amenazas de denuncias millonarias también.
Pero no puede echarse atrás, entonces dejará que la oposición haga su trabajo y vote contra la ley eléctrica.
Pero, perdiendo, saldrá fortalecido, porque tendrá motivos para gritarles en cara “traidores a la patria” (quizá desde hoy mismo) a los diputados de PAN, PRI y PRD que, sin quererlo, al ganar le darán el triunfo que tanto anhela el Presidente.
López Obrador ha demostrado algo en todo este tiempo: no pierde. Si hay aumento en los recibos de luz, que dijo apenas no se daría, la culpa será del PRI, PAN y PRD por echar atrás la reforma. Los gasolinazos seguirán siendo culpa de gobiernos anteriores. Quizá sí, pero que recuerde que prometió cambios que todavía no se ven.
Diana Mancilla Álvarez
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