Víctimas del colapso de la Línea 12 negaron haber aceptado algún acuerdo reparatorio como lo aseguró la fiscal General de Justicia capitalina, Ernestina Godoy Ramos, durante su segundo informe de actividades realizado el miércoles.
Denunciaron a través de su abogado, Cristopher Estupiñan, que uno a uno, en sus propias casas han sido amenazados por miembros de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) quienes junto con supuestos trabajadores de Grupo Carso, les dieron un ultimátum:
“Aceptar ya la indemnización y el acuerdo reparatorio y librar a la empresa de toda responsabilidad o quedarse sin nada”.
Cristopher Estupiñan, asesor legal de 20 familias implicadas en el caso, indicó que no se ha cubierto el 80 por ciento de acuerdos con las víctimas como lo dijo ayer Godoy Ramos, sino que además se les está presionando y amagando para que firmen el acuerdo.
“Es indignante que el personal de la CEAVI, junto a personal que se presenta como de la empresa Grupo Carso, se presente sin previa cita ni abogados ni asesores jurídicos acreditados a las casas de las víctimas para hostigarlas y presionarlas a fin de que firmen un convenio de reparación integral en el que se libere de cualquier responsabilidad a las empresas. Se trata de un monto determinado de manera unilateral, sin previa consulta y sin darles la oportunidad a las víctimas de analizarlo y revisarlo con sus asesores jurídicos. Tampoco se les permitió tener una copia del documento para su revisión, alegando burdamente que para eso está el personal de la Comisión, para orientarlos. Una orientación que solamente responde a los intereses políticos del actual gobierno”, señaló el litigante.
La víctimas dijeron sentirse amedrentadas por el gobierno de la CDMX, pues detallaron que previo al informe de la Fiscal General de Justicia, recibieron sorpresivas visitas por personal de la CEAVI.
Javier Ruiz
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