Ante el fraude que están cometiendo empresas como Autofinanciamiento Real de Bienes y Servicios, al abusar de la confianza de ciudadanos que pretenden a través de un financiamiento comprar un automotor o motocicleta, es urgente que intervenga la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para evitar que estas arbitrariedades se sigan cometiendo con toda impunidad y escudados en las letras chiquitas de los contratos en perjuicio de la economía de los afectados.
Hay constantes denuncias ciudadanas de incumplimiento de contratos por empresas como la ya mencionada, que de manera impune no respeta plazos, términos, entregas y condiciones, además de los compromisos adquiridos en los llamados financiamientos.
Muestra de los excesos, en contra de los consumidores, es ARBYS Atizapán de Zaragoza. A más de dos años que uno de los afectados firmó un contrato de financiamiento desde febrero de 2020, por una motocicleta Moto Bajaj Pulsar 200 pull, no se la han entregado pero sí le han retenido la cantidad de 26 mil 800 pesos, casi la mitad del costo del financiamiento, que sería de más de 60 mil.
Sin embargo, a la fecha solo le ponen pretextos y excusas para entregarle el vehículo y en caso de cancelar el contrato, absurdamente le quieren cobrar no solo la comisión por apertura sino penalización, pese a que la empresa fue la que incumplió el contrato.
Ante esta situación de desesperación por parte de afectados, la Profeco es un organismo que debe dar seguimiento a este tipo de empresas que se aprovechan de manera descarada de los consumidores y evitar que este tipo de abusos sucedan en perjuicio de la ciudadanía.
El defraudado externó su preocupación y temor de perder su dinero, porque luego de dos años de haberlo entregado y pedir su restitución al vendedor, supervisor, gerente, área de administración de la sucursal ubicada en Atizapán de Zaragoza, ahora resulta que, si cancela el contrato para tener de vuelta su dinero, tendría que cubrir casi 20 mil pesos por la penalización.
Los ciudadanos deben estar alerta de firmar un contrato con la empresa ARBYS Atizapán de Zaragoza pues en el tercer pago prometió entregar el modelo seleccionado, pero no sucedió. El afectado entregó un primer pago de 14 mil 652, otras dos mensualidades de 6 mil 100, en total 26 mil 800, y por gastos de administración, un monto de 2 mil 600 pesos.
Adicionalmente tampoco le dieron la opción de compra de otra motocicleta, con el dinero que ya había entregado, por lo que la excusa es referente a las letras chiquitas del contrato, que refirieron que por el Covid había inconvenientes de entrega y se deslindaban del problema, porque el contrato contenía esas especificaciones.
Las autoridades federales y estatales, así como los representantes populares estamos obligados a denunciar y tomar medidas para que este tipo de empresas se aprovechen de la necesidad de la gente para defraudarlas y que sigan actuando en total impunidad.
Diputado Faustino de la Cruz Pérez
