El 26 de diciembre de 2020, Christy Mary Lee Villegas, de 16 años, fue encontrada sin signos vitales en un paraje del municipio de Juchitepec, y a las pocas horas las fotos de su cadáver y la portada de una carpeta de investigación, fueron filtradas por elementos de la Fiscalía Estatal, acción que atentó contra su integridad y la de sus familiares.
Por ello, durante la sesión del pleno en el Congreso Mexiquense, a la que acudió Marisol Juárez Cortés, madre de Christy, presenté una iniciativa para frenar la impunidad, corrupción y malas prácticas internas y externas que han imperado durante los últimos años en los sistemas de procuración y administración de justicia de nuestro estado.
Una práctica reiterada cometida por parte de las y los servidores públicos del sistema de justicia, es la filtración de toda clase de contenido o información que guarda vinculación con alguna de las etapas del procedimiento penal, para obtener alguna ventaja o contraprestación de naturaleza económica, a favor de terceros o personas interesadas en el uso adverso de los datos o elementos probatorios.
El hecho de exhibir algún cadáver mediante imágenes en algún medio de difusión y comunicación, produce inmediatamente una victimización secundaria o también revictimización, la cual agrava y expone un nuevo daño tanto a la víctima directa, como a quienes se encuentran bajo el carácter de indirectas.
La realidad es que los actos de filtración cometidos por parte de las autoridades mexicanas de los sistemas de procuración y administración de justicia son muy frecuentes en cuanto a la operación del sistema de justicia penal acusatorio y valla que nuestro Estado de México no es la excepción.
Con la presentación de esta iniciativa buscamos inhibir y reducir en gran medida los actos de filtración por parte de las y los servidores públicos que han provocado en distintos casos una revictimización en contra de las mujeres, así como afectaciones a las distintas víctimas de cualquier delito.
El proyecto establece sanciones a quienes en ejercicio de sus funciones en los sistemas de procuración de justicia, filtren evidencia o información de grupos vulnerables como niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, migrantes, periodistas, defensoras o defensores de derechos humanos, personas indígenas, miembros de la comunidad LGBTTTIQ+, personas en estado de reclusión, adultas o adultos mayores, personas en situación de calle o en extrema pobreza, entre otras.
La reforma al artículo 353 del Código Penal que refiere delitos cometidos por las y los servidores públicos de la procuración y administración de justicia establece sanción de cuatro a diez años de prisión, de 100 a 150 días multa, así como la destitución e inhabilitación de su empleo, cargo o comisión que corresponda.
Diputada Beatriz García Villegas
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