La elaboración y aprobación del presupuesto es un proceso que por lo general implica la participación tanto de la Legislatura respectiva, como del ejecutivo. La contribución del Ejecutivo en el proceso presupuestario se verifica en la elaboración del presupuesto de cada entidad gubernamental, en la integración del presupuesto central, así como en la implementación y registro de gastos, contraloría y presentación del informe de ejecución.
El presupuesto debe presentarse a la Legislatura en un tiempo adecuado, por ejemplo, de tres a cuatro meses antes del inicio del año fiscal, mínimamente, para dar lugar a la realización del análisis y los debates. Como resultado de estos tiempos, se tienen que aprobar partidas de gastos dispares o desequilibrios en la repartición de recursos, en perjuicio de los sectores más sensibles de la sociedad.
Las comisiones legislativas intervienen en la revisión del proyecto y administración del gasto público; esto requiere una coordinación efectiva de sus actividades que requiere de tiempo suficiente para profundizar en las propuestas partidarias, personales, conocer la opinión de la sociedad civil, aquilatar los riesgos de desvíos, revisar los desempeños pretéritos del gasto público para perfeccionar lo subsecuentes.
Es difícil ejercer la supervisión efectiva, porque requiere información sobre las actividades del ejecutivo, la capacidad legislativa para procesar esta información, la voluntad legislativa para actuar y capacidad para respaldar las demandas de mejoramiento, acceso y rendimiento de cuentas.
Por ello, presentamos en sesión del pleno, una iniciativa para modificar el Código Financiero del Estado de México y Municipios, para contar con mayores tiempos de análisis, evaluación, conocimiento de las necesidades y posiciones de los actores sociales y políticos.
En el Estado de México, como en el resto del país, la Legislatura tiene un mes para conocer y resolver el paquete fiscal, en contraste, el Ejecutivo trabaja esos temas durante meses. En realidad, la Legislatura muchas veces únicamente conoce información relacionada con el paquete fiscal que el Ejecutivo decide compartirle.
Durante la ejecución del presupuesto, el Ejecutivo abusa de sus atribuciones para no consultar a la Legislatura y así asignar recursos adicionales, distribuir recursos y escoger las obras a realizar. Si bien estos problemas no serán resueltos de tajo, es posible disminuir y controlar los elementos laterales.
Por ello proponemos reformas al Código Financiero en lo relativo a la Elaboración del Proyecto de Presupuesto y en la Ejecución del Presupuesto y Cuenta Pública, para que el Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Finanzas, remita a la Legislatura información en tiempo real durante los trabajos previos, techos presupuestales propuestos para las dependencias, un banco de proyectos de obras que las dependencias deben integrar en forma estratégica.
Y planteamos que cuando la Secretaría de Finanzas autorice ampliaciones, reducciones, reconducciones o asignación de recursos adicionales, deberá de justificar su decisión en dictámenes de reconducción que contengan montos y origen, pero sobre todo que impacten el cumplimiento en las metas, lo que deberá informarse trimestralmente a la Legislatura.
Se debe incorporar al Código Financiero del estado la idea del presupuesto participativo, bajo el modelo del Gobierno Abierto. Es tiempo de permitir que la ciudadanía mexiquense y sus organizaciones puedan tomar parte en la confección del presupuesto destinado a subsanar sus necesidades múltiples, en obra pública, en salud, en educación, en seguridad, y en el resto de los renglones que abarcan la compleja realidad socioeconómica, a través de una mayor participación que defina aquellos aspectos que efectivamente exigen ser atendidos.
Por otra parte, debe darse una mayor presencia a lo que se denomina Anexo Transversal Anticorrupción, fortaleciendo aquellos programas presupuestarios con recursos destinados a prevenir y combatir el fenómeno de la corrupción, que puedan rastrease efectivamente y evaluarse a tiempo, involucrando a las instancias correspondientes que identifiquen, den seguimiento, y transparenten esos recursos, con la finalidad de intervenciones públicas coordinadas, efectivas y orientadas a resultados.
Diputada Carmen de la Rosa Mendoza
Presidenta de la Comisión de Planeación y Gasto Público
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