Los videos difundidos en redes sociales donde internos de penales mexiquenses denuncian golpizas en contra de personas privadas de la libertad por no pagar cuotas semanales por protección, deben prender las alertas rojas en el Gobierno del Estado de México y tomar acciones urgentes.
Ante las denuncias de agresiones a internos del Penal Neza-Bordo por negarse a pagar extorsiones, el diputado local y, Gerardo Ulloa Pérez, demandó al Gobierno del Estado abrir una investigación sería para castigar a los responsables de estos hechos, ya que no se puede permitir la creación de autogobiernos al interior de los reclusorios de la entidad.
Es obligación del Estado custodiar a las mujeres y hombres que dentro del Sistema Penitenciario cumplen sanciones administrativas o de carácter penal, garantizándoles el respeto de los derechos humanos y una estancia digna durante su periodo de internamiento.
Las autoridades penitenciarias están obligadas a rendir un informe para saber qué ocurre al interior del Penal Neza-Bordo, donde tal parece que los agresores actúan con total impunidad, y saber si existe una banda que pretende imponer su ley, para disolverla inmediatamente enviando a sus integrantes a otros reclusorios para que paguen sus condenas.
Se debe investigar si en estas acciones existe contubernio por parte de las autoridades de dicho centro penitenciario para que sean sancionados conforme a la Ley.
Ante estos lamentables hechos, el gobierno estatal debe investigar la operación de otros Centros de Readaptación Social (CERESOS), como el de Ecatepec “Dr. Sergio García Ramírez”, el de Tlalnepantla “Juan Fernández Albarrán”, el de Almoloya Santiaguito, el de Chalco, el de Texcoco Dr. Alfonso Quiroz Cuarón y el de Cuautitlán, así como el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) del Altiplano, principalmente, ya que los internos pudieran vivir en condiciones similares.
En el Estado de México existen 34 mil 100 reclusos por delitos del fuero común y del fuero federal, por lo que ocupa el 1er. lugar en ocupación carcelaria de acuerdo a la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021 del INEGI, publicada en diciembre del 2021.
Diputado Gerardo Ulloa Pérez
Presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia
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