Tras la aprehensión de los 9 detenidos por el homicidio de nueve personas en la Central de Abasto de Toluca, ocurrido el lunes pasado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que hay antecedentes de amenazas y actos de extorsión contra los locatarios asesinados, por parte de los ahora detenidos, específicamente de los integrantes del Consejo de Administración de la Central.
La FGJEM detalló que los investigados habrían amenazado en diversas ocasiones a las víctimas para que desocuparan el área donde laboraban, para ello iniciaron acciones legales en su contra; sin embargo los comerciantes minoristas contaban con una suspensión provisional a su favor derivado de un juicio de amparo, por lo que la administración recurrió a amenazas abiertas y directas, llegando a simular un cateo en su contra para supuestamente localizar drogas en los locales que posteriormente incendiaron, así como a realizar actos de extorsión a través del responsable del Jurídico quien incluso les advirtió y dio ultimátum de que de no irse los “…sacaría a como diera lugar”.
La Fiscalía precisó que tres de los detenidos, identificados como Pascual “N”, Bryan Alejandro “N” y Jhoan Daniel “N” desempeñaban cargos en el Consejo de Administración de la Central de Abasto como presidente, tesorero y asesor, respectivamente; asimismo, David Jehuel “N” quien es el responsable del Jurídico y Mateo “N”, encargado de seguridad en la misma Central.
Informó que presuntamente estos sujetos, bajo distintas formas de intervención se reunieron en la Central de Abasto para planear, organizar y ordenar la agresión consistente en irrumpir en el lugar, hacer detonaciones con armas cortas y quemar los espacios en los que se encontraban los comerciantes minoristas, conocidos como “Isla”, con la finalidad de que los desocuparan.
Detalló que el día de la agresión Arturo “N”, Edmundo “N”, Héctor “N” y José Miguel “N”, elementos de seguridad privada en la Central, fueron instruidos para no acudir al lugar de los hechos. “Se sabe que el servicio de energía eléctrica de las instalaciones fue deliberadamente suspendido previo al evento inhabilitando algunas videocámaras. Adicional a ello, se permitió el libre acceso de los agresores y más grave aún, se facilitó su escape a través de las salidas que el propio personal de seguridad privada controla de manera permanente”.
Abundó que el personal de seguridad privada no permitió el acceso a las autoridades para atender la emergencia, obstaculizando el auxilio a las víctimas no obstante que era su obligación realizar el llamado de emergencia mediante el sistema al que se encuentran conectados, lo que no sucedió.
Todos son investigados por su probable intervención como ordenadores y partícipes de la agresión. Respecto a los autores materiales, la Fiscalía solicitó la orden de aprehensión en contra de un individuo adicional que se encuentra plenamente identificado y continúa investigando para establecer la identidad de los restantes; precisó que el sujeto antes referido no sólo realizó actos de vigilancia en días previos, sino que se reunió con el grupo de personas que planearon y ordenaron la agresión.
Cabe señalar que familiares de las víctimas recibieron los cuerpos la noche del miércoles y dieron sepultura la tarde del jueves en Ixtlahuaca y harán lo propio este viernes en Zinacantepec.
Karina Villanueva