Los diputados mexiquenses analizaron en comisiones sanciones por creación y difusión de imágenes sexuales falsas.
Es así que proteger a las mujeres contra una nueva forma de violencia de género, su derecho a la imagen y su honor, son propósitos de la iniciativa, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano para imponer hasta 10 años de prisión por la creación y distribución de material digital con contenido sexual manipulado por tecnologías informáticas, mediante reformas al Código Penal del Estado de México
En comisión de la sesión de la Comisión de Procuración de Procuración y Administración de Justicia, la diputada Juana Bonilla Jaime dijo que este delito se diferencia de la denominada ‘Ley Olimpia’ porque mientras ésta protege la privacidad y sanciona el delito relacionado con imágenes reales, su propuesta se refiere a imágenes virtuales creadas por medios digitales o inteligencia artificial.
De esta forma, recordó el caso de un estudiante del Instituto Politécnico Nacional que hizo justamente manipulación de fotografías de sus compañeras y alumnas de la institución, para falsificarlas con contenido sexual, mismas que puso a la venta; casos ante los cuales, es necesario legislar y frenar este nuevo tipo de agresión contra las mujeres.
Ante ello, propuso de uno a cinco años de prisión a quien elabore, manipule o gestione por medio de tecnologías digitales, imágenes, audios, textos, grabaciones de voz o contenidos audiovisuales con la finalidad de generar elementos de naturaleza erótico, sexual o pornográfico, además de que las revele, publique, comparta o comercialice sin consentimiento de la víctima por cualquier medio.
Aunque las penas aumentarían hasta el doble, es decir un máximo de 10 años, cuando el delito se cometa en contra de una persona menor de 18 años o que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, aun y cuando mediare su consentimiento, además de la conducta será perseguida de oficio.
Al final, la comisionada consideró necesario solicitar, por medio de la Junta de Coordinación Política, la presencia de una representación de la Fiscalía General de Justicia para que emitan opinión y enriquezcan la propuesta.
Adriana Carbajal