A pesar de las organizaciones y voces en contra, la interrupción del embarazo ya es legal a nivel nacional, pues hace unos días la Suprema Corte declaró inconstitucional su prohibición. Es así que en cuestión de semanas o meses en el Estado de México el Código Penal podría ser modificado para que abortar no se castigue con penas de 1 a 3 años de prisión como ocurre en la actualidad.
Hasta el momento la postura de la gobernadora Delfina Gómez, no ha sido muy clara sobre la posibilidad de despenalizar el aborto en la entidad mexiquense, sin embargo, diputados de todos los partidos, incluido el PRI y a excepción de los del PAN, confirmaron que pugnarán porque antes de que concluya la Legislatura se asuma lo dispuesto por la Suprema Corte.
En el Congreso mexiquenses se encuentran “congeladas”, al menos cuatro iniciativas; algunas fueron retomadas puesto que fueron presentadas en otras Legislaturas y otras fueron sumadas hace unos meses, bajo el argumento de que la criminalización, viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
Si se logra retomar el análisis de la propuesta en comisiones y después una mayoría legislativa que permita el voto a favor en el pleno, aún y con las organizaciones y el sector eclesiástico en contra, la interrupción voluntaria del embarazo no podrá ser castigada si se practica en instituciones de salud administradas por el gobierno federal.
Según el INEGI del 2017 a la fecha murieron al menos 80 mujeres mexiquenses por razones relacionadas por el aborto, en tanto que sobre el número de abortos legales realizados en centros médicos autorizados en México de 2007 a 2022, la entidad mexiquense suma más de 70 mil 200, después de la CDMX que registra más de 175 mil.
Hasta el año pasado había 122 personas recluidas en centros penitenciarios, tanto a nivel federal como local, vinculadas con el delito de aborto, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), aunque 95% son hombres.
En lo que va del actual periodo legislativo, el coordinador de morena e integrante de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández, la bancada del PRD mexiquense, los legisladores de Movimiento Ciudadano, del PVEM, del PT, y algunas del PRI, se pronunciaron por comenzar el análisis sobre el tema para armonizar la ley local con la federal esta lucha que en la entidad lleva casi 30 años.
La última de las propuestas
Hace menos de una semana, al Congreso mexiquense llegó una cuarta iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de México para permitir la interrupción del embarazo hasta las primeras 13 semanas de gestación, elaborada por colectivas de la sociedad civil organizada y feministas independientes, la cual fue entregada a las diputadas Isabel Sánchez Holguín y Paola Jiménez Hernández, ambas del tricolor, quienes indicaron que las actuales condiciones permiten retomar las iniciativas sobre este tema y se dijeron listas y dispuestas a promover su análisis y debate.
La legisladora Isabel Sánchez, dijo que tras la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que considera inconstitucional la penalización del aborto, es necesario apresurar el paso para legislar sobre el tema, pues la LXI Legislatura se encuentra en su último año de gestión.
La diputada Paola Jiménez, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, apuntó que se trata de buscar la ruta para dictaminar las propuestas, que podría ser en el actual periodo de sesiones, y destacó que la Legislatura local ha avanzado en temas como la igualdad de género sustantiva, el matrimonio igualitario y reformas contra la violencia de género, entre otros.
La iniciativa expuesta por Gabriela Villegas, de Mujeres Vigilantes, plantea que a la mujer o persona gestante que interrumpa el embarazo después de las 13 semanas se le impondrá de uno a tres meses de medidas integrales en materias de salud, educación o de cualquier índole, tendientes a la protección y orientación social de la persona sancionada garantizando el pleno respeto a sus derechos humanos. Incorpora la definición de embarazo, así como lo relacionado con inseminación artificial no consentida y aborto forzado o no consentido por la madre.
El documento también plantea que no sea punible la muerte dada al producto de la concepción cuando sea resultado de una acción culposa de la mujer embarazada o persona gestante; cuando el embarazo sea resultado de un delito de violación o de una inseminación artificial no consentida.
También, cuando de no provocarse el aborto, la mujer o persona gestante corra peligro de muerte a juicio del médico o médica, oyendo éste el dictamen de otro médico o médica, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora; y cuando a juicio del médico o médica exista prueba suficiente para diagnosticar que el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar por resultado el nacimiento de un ser con trastornos físicos o mentales graves, siempre y cuando se cuente con el consentimiento de la madre.
Representantes de las asociaciones promotoras de la iniciativa destacaron que en 2022 se levantaron 819 carpetas de investigación por aborto en el país, con la CDMX en primer lugar, seguida del Estado de México y que muchas mexiquenses van a la capital del país a practicarse el aborto. Preguntaron si habría consensos entre las bancadas, acusaron que han sido reprimidas por esta demanda y que el tema ha sido aprovechado políticamente y señalaron que con o sin ley, las mujeres seguirán abortando.
No más muertes, posturas en contra
En contraparte y en representación de más de 20 mil mexiquenses y de distintas organizaciones de la sociedad civil, hace unos días al menos 15 asociaciones expresaron que el Estado de México no necesita más muerte, ni ideologías polarizantes, lo que necesita es respeto y atención a la vida, educación, salud, justicia y empleo de los mexicanos.
Es por eso que pidieron a la Legislatura que actúe con responsabilidad en la generación de un marco jurídico que fortalezca el estado de derecho en favor de las familias mexiquenses y que garantice el respeto y la protección de las mujeres y sus hijos.
Asimismo, a la gobernadora Delfina Gómez que genere políticas públicas que se traduzcan en beneficio para todos, empezando por los más vulnerables: los mexiquenses en gestación, los niños y las niñas y sus madres.
“No se dejen presionar, la última sentencia de la SCJN no los obliga a darle la espalda a las madres mexiquenses”, refiere el documento entregado a los medios de comunicación.
Pidieron leyes que reconozcan y valoren a la mujer protegiendo su maternidad y que fomenten estrategias que la apoyen en este quehacer de gran beneficio social, sin menoscabar la responsabilidad de los padres en el cuidado y protección de los hijos.
Legislación
Hasta el año pasado 11 entidades de 32 habian actualizado sus códigos penales para despenalizar el aborto, estas son: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Coahuila, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo.
Entre las entidades que faltan por garantizar el derecho a decidir de las mujeres se encuentra el Estado de México, donde se sanciona con uno a tres años de prisión el aborto voluntario en cualquier momento que se realice.
En el Estado de México el aborto está permitido sólo por cuatro causas: violación, peligro de muerte de la madre, malformaciones genéticas o congénitas graves del producto y cuando ocurre de manera no intencional
En el Código Penal del Estado de México, en su capítulo V y artículos 248 a 251, se establecen penas de 1 a 3 años de prisión a la mujer que aborte por voluntad. Estas penas no serán aplicables el aborto se diera por una conducta accidental de la mujer, en el caso de que el embarazo se haya dado por una violación, además, en el caso de que la vida de la mujer corra peligro de no realizarse el aborto, esto a juicio de dos médicos y cuando se detecten malformaciones congénitas graves en el producto a juicio de dos médicos.
Amparos y congeladas
Hasta hace un par de años y con el objetivo de empujar la legalización de la interrupción legal del embarazo en el Estado de México, cinco organizaciones civiles presentaron dos amparos ante juzgados especializados federales, uno en Toluca y otro en Naucalpan, para exigir al Poder Ejecutivo y al Congreso estatal que declare la inconstitucionalidad del delito de aborto.
Asimismo, luego de reprobar la negativa para hablar sobre el aborto en el Estado de México, cuya iniciativa sigue “congelada” en la Cámara de Diputados local, la diputada Anais Burgos Hernández afirmó que desde 2021 presentó una propuesta para despenalizar la interrupción del embarazo, pero ni siquiera ha pasado a comisiones legislativas, por lo que urgió a revisar y aprobar los cambios legales respectivos.
ADRIANA CARBAJAL
