En comisiones los diputados mexiquenses aprobaron crear la Ley Justicia Cívica del Estado de México y Municipios, a propuesta -por separado- del PRI y Morena, y tras recibir los comentarios y propuestas del Poder Judicial, a través de Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia.
De acuerdo al dictamen expuesto en reunión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia, este nuevo ordenamiento ley tiene por objeto promover el acceso a la justicia cívica y regular su funcionamiento en los municipios mexiquenses, establecer normas mínimas de comportamiento cívico que permitan garantizar el respeto a las personas y sus bienes, además de mejorar la convivencia social y mantener el orden público.
Asimismo, establece la clasificación básica de las conductas que constituyan infracciones administrativas, las sanciones, los procedimientos para su imposición y para regular la actuación de las y los servidores públicos responsables, además de instituir en los municipios los medios alternativos de solución de controversias cívicas.
La diputada tricolor Karla Aguilar dio a conocer que el nuevo ordenamiento contribuirá con la restauración del tejido social, cerrar el paso a la impunidad y consolidar la cultura de la legalidad y la paz entre las y los mexiquenses.
También resaltó las aportaciones del Poder Judicial sobre mediación y conciliación, constitucionalidad de las infracciones, lineamientos generales para el debido proceso, justicia para adolescentes y la posible consulta a comunidades originarias y personas con alguna discapacidad.
Dio a conocer que la justicia cívica es una política nacional implementada con éxito en algunas entidades en el marco del Modelo Homologado de Justicia Cívica, y que tras un año de trabajo se logró diseñar un modelo innovador que establece las reglas básicas para mejorar el día a día en la comunidad cuya mayor demanda es la paz, y que permitirá a los municipios contribuir gracias a un enfoque que privilegia la agilidad procesal por encima de los formalismos burocráticos; la reparación del daño por encima de la sanción económica y, sobre todo, la mediación y conciliación en lugar de la confrontación estéril.
El legislador tricolor Braulio Álvarez Jasso, sostuvo que las municipalidades deben atender estas conductas en primera instancia, porque se evita que escalen a otras dimensiones y otros ámbitos. Señaló que el modelo da resultados en las entidades donde ya se aplica.
En este sentido, dio a conocer que también se recibieron propuestas de las secretarías de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad, y que en el caso de los municipios ya operan las oficinas conciliadoras que deberán convertirse en juzgados cívicos.
En tanto que la diputada también del tricolor María Isabel Sánchez Holguín, recordó que en México 62 por ciento de las personas mayores de 18 años consideraban inseguro vivir en su ciudad, destacó que esta ley sentará las bases para acceder de manera efectiva a mecanismos de solución a conflictos cotidianos.
El diputado morenista Gerardo Ulloa Pérez, agradeció las aportaciones del Poder Judicial para enriquecer el decreto final, en tanto que la legisladora Karina Labastida Sotelo preguntó si se consultó con la Consejería Jurídica del gobierno estatal y si los municipios cuentan con recursos para su aplicación.
El magistrado Ricardo Sodi reseñó sus aportaciones y destacó la oportunidad de este nuevo ordenamiento toda vez que el Poder Judicial prepara también una reforma integral del Código Penal para adelgazarlo retirando varias conductas que hoy se consideran delitos, pero pueden quedar en el ámbito de las faltas administrativas.
La ley, dijo, contribuirá a la restauración del tejido social y a la construcción de políticas integrales en materia de seguridad. Refrendó la disposición del Poder Judicial de colaborar con el Congreso mexiquense en todas las acciones que signifiquen un bien a la sociedad y el estado, como en este caso en que, si bien el ámbito de actuación de la Ley de Justicia Cívica es esencialmente municipal, emitieron observaciones, aportaciones y sugerencias.
Adriana Carbajal