Los legisladores mexiquenses avalaron reformar el Código para la Biodiversidad del Estado de México, a fin de que los ayuntamientos al expedir autorizaciones para el uso del suelo o de las licencias de construcción u operación que no estén reservadas a la Federación, busquen en todo momento, la protección de las áreas naturales, acuíferos, reservas naturales y zonas forestales.
“Es importante proteger a las Áreas Naturales Protegidas, zonas del territorio del Estado que no han sido afectadas en gran medida por actividades humanas, sin embargo, se debe fortalecer su protección y restauración para mantener los beneficios ambientales y sociales que ofrecen a la población”.
La legisladora de morena agregó que de las áreas naturales depende la captación de agua pluvial, la producción de oxígeno, la retención de contaminantes como el carbono y de suelo, así como la mitigación de los efectos del cambio climático, la protección de la biodiversidad, entre otros, así como beneficios sociales como son la promoción de la recreación, turismo y contribución a la salud física y mental.
Situación actual
Asimismo, la propuesta establece la situación actual de las áreas naturales protegidas en el Estado de México y de los acuíferos estatales, precisando la complejidad en la que se encuentran, debido, sobre todo, a la obra humana, resaltando las afectaciones derivadas del uso del suelo por el exceso de la capacidad de carga para el ecosistema, el desmedido uso de recursos naturales, la urbanización, la industrialización y la sobreexplotación, entre otros elementos.
Además, establece que se requiere una legislación consistente que favorezca medidas eficaces y una plena coordinación entre las instancias de gobierno, así como la generación de una cultura que privilegie la protección del ambiente.
“La bancada morenista busca evitar ecocidios urbanos e industriales que despojen a las futuras generaciones de un ambiente sano, única garantía del bienestar individual y colectivo”, indica el documento aprobado.
Participación de municipios
Con las reformas aprobadas, la participación de los ayuntamientos en esta tarea, por lo que hace a la regulación del uso del suelo, debe darse con una perspectiva de protección ambiental.
Adriana Carbajal