Los diputados mexiquenses de Morena propusieron reformas a la de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México; de la Ley de Desarrollo Social del Estado de México y de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, en materia de Desarrollo Social, con el objetivo de regular la expedición de lineamientos y convocatorias de los programas sociales.
Argumentaron que el programa “Salario Rosa”, en sus diversas vertientes resulta ser la política insignia de la presente administración estatal; no obstante, esta acción de gobierno lejos de ser un motor que impulse el desarrollo social y el bienestar de los habitantes del Estado de México, se ha caracterizado por su uso electoral y ha fracasado en su intento por mejorar las condiciones de vida de la población.
Población mexiquense en pobreza
En este sentido indicaron que con base en el informe de pobreza y evaluación 2020 elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social contempla que en el Estado de México: en 2018, el 42.7% de la población de la entidad vivía en situación de pobreza, es decir: 7 millones 546 mil 500 personas, aproximadamente de este universo, el 37.8% (cerca de 6 millones 680 mil 800 personas) estaba en situación de pobreza moderada, mientras que el 4.9% de la población se encontraba en situación de pobreza extrema (alrededor de 865 mil 700 personas).
El porcentaje de pobreza en el Estado de México es de 0.8 puntos porcentuales, mayor que el porcentaje nacional (41.9%), en tanto que ese mismo año, el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales en Estado de México fue de 28.1%, es decir, 4 millones 968 mil 400 personas aproximadamente, presentaron al menos una carencia.
Al mismo tiempo, 8.7% de la población era vulnerable por ingresos, lo que significa que alrededor de un millón 541 mil 400 personas no tenían los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.
¿Qué busca la inactiva?
Es así que esta iniciativa busca generar las condiciones normativas con la intención de que los programas en materia de desarrollo social sean accesibles para la población que más lo requiere, evitando su uso electoral y clientelar.
Con las modificaciones propuestas se plantea que las reglas de operación de los programas sociales, pero sobre todo las convocatorias para su acceso deberán regirse bajo el principio de máxima publicidad, además se determina quienes serán las personas servidoras públicas responsables de su difusión y las sanciones en que estas pueden incurrir al no acatar los preceptos establecidos en la ley.
Población no vulnerable
La población no pobre y no vulnerable aumentó 3.9 puntos porcentuales pasando del 16.5% en 2008 a 20.4% en 2018. Hubo un aumento aproximado de un millón 116 mil 100 personas.