Al dar a conocer que solo 23.3% del personal de los centros penitenciarios cuenta con licenciatura, 2.3% en psicología, 1.5% en pedagogía y 2.8% en trabajo social, los diputados mexiquenses comenzaron con el análisis de la propuesta de Morena que pretende visibilizar y reconocer la vulnerabilidad de niñas y niños que viven en penales del Estado de México. Decidieron que antes de que se apruebe, se reunirán con autoridades estatales.
La legisladora morenista Karina Labastida recordó que para este año se destinaron 17 mil 800 millones para el fortalecimiento y mejora al sistema penitenciario, específicamente para incrementar la infraestructura y mejorar las condiciones de seguridad, además de implementar mecanismos para la reinserción social y proteger los derechos humanos de los grupos vulnerables, “de ahí que consideramos que este presupuesto debe servir también para que las mujeres estén con sus hijos”.
Mencionó que es necesario priorizar políticas incluyentes, autoridades deben salvaguardar sus derechos humanos durante su estancia en los penales y una vez fuera restituirlos.
Asimismo, aprovechó para señalar deficiencias en la atención psicológica para los menores que viven con sus madres privadas de la libertad, quienes sufren una dolorosa separación cuando ya no permanecen juntos.
Es por eso que insistió en que es elevante que el Estado garantice que menores cuenten con todo lo adecuado en materia de salud, educación y alimentación, siempre cuidando el interés superior de la niñez, pues refirió que, de los 392 menores de seis años que permanecieron con sus madres privadas de la libertad en los centros penitenciarios del país en 2020, 16.07% (63 casos) fueron del Estado de México.
En reunión de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Especial de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Primera Infancia, la morenista explicó que su iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes estatal busca que se reconozca la situación especial en que se encuentran quienes viven con sus madres o padres en prisión, garantizar sus derechos y priorizar políticas incluyentes.
La egisladora Alicia Mercado Moreno (Morena) consideró necesario darles atención psicológica, diferenciar responsabilidades de autoridades municipales y estatales, además de incluir un capítulo en el que se describa el alcance de los derechos a reconocer con una redacción acorde a la situación local.
La diputada Gretel González Aguirre, dio a conocer que 37 de las 367 prisiones del país cuentan con áreas de maternidad y educación temprana; los retos de los centros de la reclusión en la actualidad y los derechos de las madres privadas de su libertad a permanecer con sus hijos e hijas durante sus primeros tres años de vida.
La diputada Ingrid Schemelensky Castro del PAN, recordó que en el presupuesto de egresos para este año se destinaron cinco millones de pesos para el cuidado de niñas y niños que viven con sus madres en centros de reinserción social para canasta básica y vestido y 400 mil pesos para el acondicionamiento de espacios acorde a las necesidades de mujeres embarazadas.
Adriana Carbajal