Integrantes del Parlamento Abierto del Secretariado T�cnico para el An�lisis de la Reforma Constitucional y el Marco Legal de la entidad (Sectec) coincidieron con la iniciativa del colectivo Las Constituyentes MX Feministas para declarar al Estado de M�xico en estado de alerta, pues en lo que va del a�o la entidad ocup� el primer lugar nacional en feminicidios y delitos contra mujeres, como secuestro, extorsi�n, trata de personas, violencia de g�nero y violaci�n.�
Dicha iniciativa de reforma constitucional, presentada por Fabiola Azucena Guti�rrez Guzm�n ante la Comisi�n de Igualdad Sustantiva, Diversidad y Pol�tica de Genero, tambi�n propone sancionar la trata y explotaci�n de personas, las ejecuciones, las desapariciones forzadas, los cr�menes de odio, los feminicidios,�transfeminicidios,�bifeminicidios,�lesbofeminicidios, la tortura, las penas y los tratos crueles, inhumanos y degradantes.�
De igual forma, pide la creaci�n del Sistema Integral para la Prevenci�n, Detecci�n, Atenci�n, Sanci�n y Erradicaci�n de todo tipo de Violencias hacia las Mujeres y Ni�as; que se reconozca constitucionalmente la contribuci�n de las mujeres al desarrollo estatal y que las autoridades adopten las medidas necesarias para erradicar la desigualdad de g�nero y la discriminaci�n.�
Incremento en feminicidios�
Frente a Mauricio Vald�s Rodr�guez, coordinador general del�Sectec, la ciudadana Luc�a Garc�a Fierros subray� la necesidad de implementar acciones ante el hecho de que, en 2020, los feminicidios se incrementaron 18.6% en la entidad y, de los 100 municipios con mayor violencia feminicida, 21 son mexiquenses.�
Los parlamentarios ciudadanos tambi�n respaldaron otra propuesta del colectivo feminista, presentada por Luc�a Garc�a, a fin de que las autoridades prevengan, investiguen, sancionen y reparen las violaciones a los derechos humanos, as� como resarcir a las v�ctimas cuando se trate de asuntos que no se hayan atendido mediante el protocolo de perspectiva de g�nero.�
Partidas presupuestales�
Plantea que el Congreso local destine partidas presupuestales anuales�que hagan efectiva su aplicaci�n a trav�s de un fondo administrado por los entes p�blicos responsables, del cual se designar� un porcentaje para la capacitaci�n del personal de los �rganos jurisdiccionales a fin de�eficientar�la integraci�n de los asuntos que tengan que ser abordados con perspectiva de g�nero.�
Adriana Carbajal�