Comerciantes, dueños de bodegas y micro y medianos empresarios dedicados a la venta y distribución de pollo han sido víctima de extorsión bajo la modalidad de cobro por derecho de piso; sin embargo, no denuncian ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por miedo y amenazas.
Señalaron que, desde hace tres años, ya no son sólo los municipios del sur de la entidad los que sufren de la presencia de la delincuencia organizada, sino que demarcaciones como Zinacantepec, Almoloya de Juárez y Toluca han sido víctimas de extorsiones por quienes afirman pertenecer a un grupo delincuencial con orígenes en el Estado de Michoacán.
En el municipio de Toluca, es en las colonias Nueva Oxtotitlán y Parques Nacionales, cercanas entre sí, donde los presuntos extorsionadores operan para exigir cuotas semanales o quincenales a los dedicados a la comercialización de este alimento.
Automóviles quemados, privaciones ilegales de la libertad tanto de colaboradores como de dueños y sus familias, establecimientos quemados y atacados con disparos de arma de fuego son algunas de las formas de presión de la delincuencia organizada.
Así lo señaló Karina Contreras, dueña de la bodega donde la madrugada del viernes 22 de diciembre, fueron privados de la libertad cuatro trabajadores, y cuya exigencia de búsqueda y localización por parte de sus familiares ha sido la constante en los últimos cinco días. Afirmó que son de 10 a 20 bodegas en el municipio de Toluca las que son extorsionadas actualmente por quienes se presentan como integrantes del grupo delictivo de la Familia Michoacana.
“Es en contra de todos los compañeros que se dedican a vender pollo, son como 20 en todo Toluca y a todos nos están haciendo el cobro de piso. Nos mandan mensajes y nos hacen todo tipo de amenazas. Muchos si han denunciado, pero muchos no por el miedo. Hemos padecido secuestros, levantones, balaceras y nadie dice nada por miedo”.
Detalló que se exigen, en promedio, dos pesos por cada kilo de pollo vendido, cifras que dijo son insostenibles de pagar. “Si vendemos 2 mil pollos, tenemos que pagar 2 pesos por cada kilo de esos 2 mil, en algún momento llegamos a pagar 950 mil pesos a la quincena”.
Explicó que su establecimiento, como otros de la zona, han destinado parte de sus ingresos para seguridad privada, ello para resguardar las instalaciones de sus bodegas y a sus trabajadores; sin embargo, dijo es insuficiente.
“En días pasados, en otra bodega en Ixtlahuaca se llevaron a 16 trabajadores, también dedicados a la comercialización de pollo. Muchos de los compañeros polleros han tenido que cerrar sus establecimientos por miedo”.
Antecedente inmediato
En abril pasado, la FGJEM aseguró una bodega de pollo en el barrio de Santa María en el municipio de Zinacantepec, y una más en San Diego de los Padres Cuexcontitlán en Toluca, ambas utilizadas para la venta y acaparamiento de pollo, el cual era controlado por el grupo delictivo referido.
Karina Villanueva