El pasado fin de semana se llevó a cabo la convocatoria que diferentes organizaciones ciudadanas nacionales y regionales, hicieron para invitar a la población a respaldar su apoyo al Instituto Nacional Electoral ante los embates que, desde el inicio de la administración federal, este organismo responsable de la democracia mexicana ha venido sufriendo desde el púlpito presidencial.
A la invitación de cubrir la plaza del Zócalo de la ciudad de México acudieron, según los organizadores, más de quinientas mil personas, cifra por demás elevada ya que los cálculos previos al pasado domingo 27, decían que el aforo de la principal plaza pública del país, no podía recibir más de ciento veinte mil personas. Sin embargo, las fotografías de ese día muestran las calles aledañas a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, completamente saturadas.
El escenario se repitió en más de ochenta ciudades de todo el país y según las crónicas de reporteros y corresponsales de diferentes medios de comunicación, en todas ellas la asistencia de personas fue muy elevada, partiendo del hecho que la participación ciudadana en movilizaciones como estas, históricamente es baja.
Sin que haya cifras oficiales de orden nacional, la participación de las ciudadanas y los ciudadanos para manifestar a la Corte la necesidad de suspender o declarar anticonstitucional la implementación del llamado Plan B, fue evidente, como también lo fue el deseo ciudadano para que la organización de los comicios estatales de Coahuila, Estado de México y por supuesto, todas las elecciones a realizarse en el año 2024, se rijan por las leyes electorales vigentes.
Creo que en la memoria de la mayoría de asistentes a las distintas plazas del país, existe en la memoria colectiva que al surgimiento del Instituto Federal Electoral en 1991, las reformas y adecuaciones a las leyes electorales se hicieron siempre con la concurrencia de todos los partidos políticos con registro nacional, al debate de lo que era perfectible, una vez pasada la elección presidencial, para que la implementación de las reformas fuese siempre, aplicada en las siguientes elecciones intermedias, lo cual daba paso a poner en práctica las adecuaciones, de forma tal, que en la siguiente elección presidencial, el Consejo General del IFE y los funcionarios electorales, podían corregir y aplicar correctamente la suma de esfuerzos para hacer más creíbles y confiables, cada uno de los procesos electorales.
Por eso, precisamente, porque el esfuerzo presidencial de reformar las leyes electorales sin un debate profundo, de cara a las elecciones federales y locales de 2024, no ha pasado por el diálogo con las fuerzas políticas opositoras al gobierno federal, es que a los ciudadanos les parece claro que se está ante un intento de reforma electoral que sirve únicamente para las mayorías que gobiernan la mayor parte de las entidades locales del país y que tienen la ventaja en la Cámara de los Diputados y el Senado de la República y, obviamente, la presidencia del país.
Es un llamado preciso para que el poder se reforme en beneficio de todos y no, únicamente de sí mismo, en la búsqueda por arroyar en las próximas elecciones y mantener a toda costa, la implementación de los cambios que desde su óptica ideológica, si así podemos llamarle a la voluntad presidencial, el país no a empezado todavía a implementar pues los resultados de las políticas públicas, así lo demuestran ante la falta de acciones positivas para el incremento del desarrollo económico y social de los mexicanos.
El presidente del país y la camarilla que le viene acompañando desde la fundación de Morena, más lo que se suman en aras de conseguir los privilegios que antes señalaban, han mantenido la estrategia narrativa de dividir a la sociedad mexicana entre pobres y ricos, entre malos y buenos, entre corruptos y honestos, sin que haya puntos intermedios, porque el estas conmigo o contra mí, o estas con los ricos o con los pobres, es lo que alimenta el llamado movimiento de regeneración nacional y su pobre capacidad de gobierno. Ante ello, al presidente y al presidente de su partido, los escuchamos decir desde el pasado lunes, las mismas palabras y las mismas frases que repetidas cuatro años, han venido calando entre una parte de la población, mientras que, en la otra parte, sólo son frases vacías que no dicen nada nuevo y sí, en cambio magnifican los insultos, los agravios y el señalamiento púbico de quienes se atreven a señalar los riesgos a la democracia en nuestro país.
Ante ello, el desafío de la marea rosa que vimos aparecer en dos ocasiones en breve lapso de tiempo, tiene una causa evidente en la defensa de la democracia ante el tono autoritario del gobierno y en tratar de defender una institución como el INE que ven y sienten como propia.
El cauce natural de este movimiento será tratar de encontrar los causes de una energía social que deberá convertirse en votos que coadyuven a que la agenda democrática se fortalezca, que en 2024 se tenga un Congreso más equilibrado y eventualmente, el triunfo electoral sobre la cuatro T y sus aliados.
Por Alfredo Martínez