El sector empresarial del Estado de México prevé una escalada de amparos ante la eventual aprobación por el Congreso Local de dos nuevos impuestos en materia ambiental y el incremento del Impuesto sobre Emisiones Contaminantes.
Así lo informó el presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), Mauricio Massud Martínez, quien hizo un nuevo llamado a los legisladores locales para que sean sensibles y que se realice un análisis técnico de las condiciones en las que se presenta la propuesta de dichos impuestos.
Señaló que no hay criterios técnicos con los que se hayan definido los montos de cobro, no se cuentan con planes de aplicación de los recursos, programas de regularización de las empresas ni alguna medida que busque que quienes operan hoy en la irregularidad y contaminan, sean también sujetos obligados.
“Todos debemos tener derechos y obligaciones, es este caso, se grava a los mismos, se limita la llegada de inversiones, se hace al final del año cuando las empresas han concluido sus proyecciones financieras y sin haber consultado al sector”
Propuesta
Massud Martínez dijo que han presentado una propuesta que incluye la generación conjunta de una “Política Fiscal verde” que permita reducir las emisiones, la implementación de tecnologías sustentables, el etiquetado de los recursos recaudados desde el primer año solo para acciones relacionadas a programas ambientales y desarrollo de infraestructura industrial y un programa de incentivo a la implementación de procesos sustentables.
“Lo que más nos preocupa es el mensaje de falta de certeza, justicia, transparencia y crecimiento que se lanza al exterior, las propuestas que se están analizando le dicen a las empresas que ya están establecidas en el Estado de México y a las que quieren llegar, que no hay garantías sobre lo que puede pasar mañana, que hoy son 43 pesos pero mañana pueden ser 100 y después 200, que hoy son tres impuestos nuevos y mañana pueden ser cinco, que no es seguro traer sus capitales aquí.”
Costos de operación
Alertó que la aplicación de los gravámenes puede significar incrementos en el costo de operación desde un 20 hasta un 40 por ciento dependiendo de la actividad que se realice y en muchos de los casos sacar de mercado a las unidades económicas contra entidades en las que este impuesto aun no es aplicable.
“No queremos que la imagen del Estado de México sea que hay que defenderse a través del amparo, por eso el llamado es a encontrar una mediación realmente efectiva”
Finalmente recordó que los Organismos Empresariales son un órgano obligado de consulta de manera previa a la definición de las políticas públicas, no como reacción a ellas, situación que debe ser permanente en el ánimo de incrementar la competitividad y el desarrollo del Estado.
Karina Villanueva